El fiscal mantiene petición de pena para el procesado por el doble crimen de Xermade

El fiscal jefe de Lugo, Juan José Begué, mantuvo intacta su petición de pena para el único imputado por el doble crimen de Xermade, Brais Lozano, una vez concluida la vista oral que se inició el  lunes en la Audiencia Provincial y en la que no llegó a sentarse el otro acusado, Juan José Calaza, quien falleció en prisión.
El Ministerio Público pedía para los dos acusados 25 años de cárcel por cada uno de los asesinatos, el de Víctor Hermida Purriños, de 75 años, y el de su hijo Eulogio, de 51, así como otros 19 por el intento de asesinato de la esposa y madre de ambos, Domitila Rodríguez Souto, solicitud a la que se acumulaban cinco años más por el delito de robo con violencia en la casa de Burgás.
El fiscal mantuvo sus tesis iniciales referidas a Brais Lozano, que expusoayer en la Audiencia Provincial de Lugo como paso previo y preceptivo a la deliberación del jurado popular, formado por nueve personas, y que tendrá que emitir un veredicto en las próximas horas.
Por su parte, la acusación particular, que representa a la familia víctima de este episodio, destacó en sus conclusiones “la crueldad y sadismo” que exhibieron los dos supuestos autores del suceso terrible registrado en la casa de Burgás.
Según la acusación particular, se produjo un ensañamiento “absolutamente exagerado” que buscaba el sufrimiento de las dos víctimas mortales, y la superviviente “salvó la vida de milagro”.
En cuanto a las víctimas mortales, subrayó “que acabaron con sus vidas con especial saña”, dado que Víctor Hermida presentaba hasta 35 lesiones y su hijo Eulogio, 55.
“Nada que ver con un robo fácil y rápido”, como el que dijo el acusado que quería perpetrar, subrayó, y la acusación particular también se preguntó cómo una persona que dice que no tiene nada que ver con esos crímenes, se fue después a un prostíbulo con el otro culpable. “Si hubiese sido como él dice, no cabe en cabeza humana”, dijo.
El abogado de la defensa, Jorge Vázquez, se reafirmó en que no hay prueba de cargo suficiente para una condena como la que se pide para el acusado.