La empresa que contrató a la cuñada de Carmela Silva asegura que fue “engañada”

Los dos trabajadores de la concesionaria Imesapi (que gestionó los centros cívicos de Vigo hasta 2013 y tiene otros contratos con el ayuntamiento olívico), investigados por el supuesto enchufe de la cuñada de Carmela Silva, han pedido a la jueza que la instrucción se ciña al tráfico de influencias, y señalaron que, si Vanesa F.B. no hizo los trabajos para los que se le contrató, es que “fueron engañados”.
En un escrito presentado por su defensa ante el juzgado de instrucción número 7 de Vigo, estos investigados sostienen que no se produjo una malversación de caudales públicos ni falsedad documental, como sospecha la jueza, sino “la consecuencia económica de un delito antecedente”.
Asi, los investigados de Imesapi insisten en que la cuñada de Silva fue contratada por indicación del Ayuntamiento, e incluso aportan un correo electrónico del jefe de área de Participación Ciudadana, Francisco G.O. (también investigado), en el que este pide a la empresa un presupuesto “que sea alrededor de 17.000 euros” para saldar una deuda, y en el que se indica que se va a “continuar con la contratación del apoyo a la oficina”.
“En ninguna cabeza cabe que la empresa contratara motu proprio a una persona a la que no necesitaba ni en sus oficinas ni para la ejecución del contrato de los centros cívicos, y que luego la ofreciera al Ayuntamiento para realizar tareas de apoyo a la Concejalía”, señalaron, al tiempo que dicen no “comprender los motivos por los que los otros investigados se niegan a reconocer la verdad en cuanto a la contratación de la señora F. y la realización de los trabajos facturados por la empresa”.
En el escrito, los dos trabajadores de Imesapi insisten en negar “categóricamente” su participación en esos trabajos, que la propia Vanesa F.B. niega haber realizado, y que el funcionario implicado dice que fueron ejecutados por la empresa.

sin falsedad
En ese sentido, aseguran que actuaron siempre “en la creencia” de que los trabajos eran efectuados por la cuñada de Silva, “según se desprendía del mismo motivo por el que esta persona fue contratada y de los correos que remitía Francisco G.O.”. “Es evidente que, si los trabajos no los realizó la señora F., mis mandantes fueron engañados”, reza el escrito de la defensa. En todo caso, esta parte sostiene que esos trabajos (encuestas sobre el servicio de los centros cívicos) facturados por la empresa “están hechos”, por lo que no estaríamos, en su opinión, ante un caso de falsedad documental.