Así consta en una sentencia del alto tribunal gallego que estima los recursos contra el denominado decreto del plurilingüismo, la norma 79/2010 puesta en marcha tras la llegada del PP al Gobierno autonómico, han informado el sindicato CIG y la Xunta en sendos comunicados.
Esta norma introducía la enseñanza del idioma inglés, junto con el gallego y el castellano y establecía la consulta a los padres en la primera etapa educativa para elegir el idioma de enseñanza, entre sus principales características.
La sentencia anula un párrafo del artículo 5.2, el de la consulta a las familias y también otro del artículo 12.3, en el que la norma dice que el alumnado utilizará en las aulas el idioma de su preferencia, independientemente de la lengua en la que se imparta la asignatura.
El TSXG falla de este modo sobre el recurso planteado por el sindicato CIG, la plataforma ciudadana Queremos Galego y la organización A Mesa pola Normalización Lingüística.
Las interpretaciones sobre el fallo de la sentencia tanto por parte de los demandantes como por la Xunta son totalmente opuestas.
El Gobierno gallego considera que la sentencia constata "la legalidad, en su conjunto" de la norma, así como de sus principios inspiradores, porque invalida "el 5 % del decreto".
Según la Xunta, el tribunal "avala el equilibrio entre gallego y el castellano, considera ajustada a derecho la introducción del plurilingüismo y constata que potencia la promoción del gallego en el sistema educativo".
La sentencia anula el párrafo del artículo 5.2 por no considerar ajustado a derecho el carácter vinculante de la pregunta a las familias, "al entender que la Administración debe ejercer su competencia de fijar la lengua predominante".
Sobre esta consideración del alto tribunal, la Xunta entiende que "debe ejercer su competencia del modo más consensuado posible con las familias".
Y en cuanto al artículo 12.3, el relativo a que el alumnado pueda emplear la lengua oficial de su preferencia en la comunicación oral y escrita, la sentencia señala que "corresponde a la Administración determinar el idioma que el alumnado utilice".
Para el Gobierno gallego, el Tribunal basa su decisión "no tanto en una cuestión de legalidad como de coherencia interna del precepto, sobre todo entre la libertad del alumno y la conveniencia de que coincida la lengua usada y la de la asignatura" En cualquier caso, el Gobierno gallego insiste en su "escrupuloso respeto" por las decisiones judiciales y señala que está analizando la sentencia y que espera a las próximas, pues aún hay más recursos pendientes contra el decreto, "antes de tomar una decisión al respecto".
El sindicato CIG ha pedido la derogación del decreto y que "se restablezca" el Plan General de Normalización Lingüística.
CIG recuerda en una nota que mediante la consulta a los padres que establecía el decreto "en muchos centros no hay ni una sola hora de docencia en gallego en esa etapa".
Y en cuanto al uso del idioma en el aula, la anulación de un párrafo del artículo 12.3, se produce, según CIG, porque "es contrario al desarrollo de la Ley de Normalización Lingüística y al fomento del uso progresivo del gallego".
El sindicato nacionalista sostiene que el fallo del alto tribunal se suma a la protestas contra el decreto "pensado e impuesto para reducir la presencia" del gallego en las aulas.
También se ha pronunciado el BNG, quien a través de su portavoz nacional, Guillerme Vázquez, considera la sentencia del TSXG como una "muy buena noticia", ya que anula "artículos básicos del decretazo antigallego".
"El tribunal da la razón a los que queremos gallego, a los que defendimos nuestra lengua de los ataques de la Xunta de Feijóo, a los que lo hicimos presentando un recurso judicial y a los que lo hicimos tomando de forma cívica en las calles durante estos años en que se produjeron las manifestaciones más masivas de la historia en defensa de la lengua gallega", afirma Vázquez.
El portavoz nacional de la formación nacionalista pide la derogación del decreto y el cese del conselleiro de Educación en funciones, porque la Xunta "debe asumir responsabilidades por su política agresiva contra la lengua gallega", ahora sancionada también por el poder judicial".
Y, además, el BNG demanda que se abra "un proceso" para que en la legislación el gallego "esté en pie de igualdad con el español en las aulas de Galicia".
10º-19º
jueves | 18 abril | 2024
