Los grupos de la oposición en el Parlamento, PSdeG y BNG, mostraron ayer su rechazo a la tramitación por lectura única y de urgencia de la ley que establece determinados recortes para los empleados públicos y acusaron al PPdeG de despreciar la Cámara.

Sin embargo, este grupo entiende que la tramitación se adapta perfectamente al reglamento y a la ley que regula el Consello Económico y Social (CES).

El proyecto que defenderá la conselleira de Facenda, Elena Muñoz, en el pleno de la próxima semana, que fue aprobado por la Xunta el jueves, carece de un informe del organismo consultivo.

Además de su rechazo frontal al contenido de la norma, los portavoces socialista y nacionalista, Abel Losada y Ana Pontón, coincidieron en afirmar que el informe del CES sería necesario por el impacto económico y social de las medidas, ya que afectará a la calidad de los servicios públicos que reciben los ciudadanos.

En cambio, el portavoz del PPdeG en el Cámara, Pedro Puy, aseguró que la norma únicamente se ciñe a la “autoorganización de la Administración” y defendió que el trámite de urgencia y lectura única permitirá que los ahorros estimados de 80 millones de euros “para mantener los servicios públicos y de bienestar” comiencen a producirse.

Además de estas cuestiones, entre otras iniciativas, en el Pleno el presidente de la Xunta deberá responder sobre la calidad de los servicios públicos que presta el Gobierno gallego y también sobre la defensa ante el Ejecutivo central de los intereses de Galicia.

También comparecerán la conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, para dar cuenta de su etapa al frente de este departamento y la titular do Medio Rural e do Mar, Rosa Quintana, para explicar el plan de acuicultura.

Además, por iniciativa del BNG y del PSdeG el Gobierno gallego también deberá explicar el futuro del sector eólico, tras el decreto que anula las primas a las renovables, y deberá pronunciarse sobre la “privatización” de escuelas infantiles.

También será debatida una iniciativa del PP para reforzar el “aprendizaje dual” en la Formación Profesional, así como las actuaciones que en su opinión debe desarrollar la Xunta ante el anuncio de una modificación de la Ley de Costas para el reconocimiento de los núcleos tradicionales en el litoral.