Dos años después de la tragedia del Alvia los afectados exigen responsabilidades

Dos años después de la tragedia del tren Alvia 04155 en las proximidades de Santiago, que costó la vida a 81 personas y causó más de 140 heridos, afectados y familiares de las víctimas siguen reclamando Justicia y solicitan que se depuren responsabilidades.
La Plataforma de Afectados constituida a raíz del accidente del tren aquel fatídico 24 de julio de 2013 se concentraron ayer en la Plaza del Obradoiro.
Cada vez más indignados, como quedó patente en sus lemas y en las pancartas que exhibían, los afectados exigen “verdad”, “que se depuren responsabilidades entre los políticos” y que se constituya una comisión de investigación parlamentaria sobre el accidente. No quieren que se vea a Francisco José Garzón Amo, maquinista del Alvia, como único culpable.
Arturo Domínguez, portavoz del colectivo de víctimas, dijo que ningún responsable político ha dimitido aún desde la tragedia, al contrario, “han sido premiados”.
Recordó, en este sentido, que el entonces secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, es hoy ministro de Justicia; el presidente de Renfe cuando se produjo el accidente ocupa actualmente la secretaría de Estado que dejó vacante Catalá, y el exministro de Fomento José Blanco tiene un escaño como eurodiputado.
También tuvo palabras para el ámbito judicial. Al fiscal del caso Antonio Roma le emplazan las víctimas a “estar con los más débiles” y no centrarse únicamente “en las indemnizaciones”. “No queremos hablar de indemnizaciones, queremos verdad, justicia y transparencia”, dijo el portavoz de la plataforma en declaraciones a los medios.
Arturo Domínguez, que calificó la tragedia como el accidente ferroviario “más grave de la democracia”, aludió a “tres causas” como las causantes de la tragedia. “Era un accidente previsible, una tragedia evitable”, dijo.
La primera de ellas citadas por el portavoz se refiere al cambio en 2010 del proyecto original en la línea del sistema de frenado automático Ertms, “que llegaba hasta Santiago”, sin llevar a cabo previamente una evaluación de riesgos.
Además, indicó que en junio de 2012 se desconectó dicho sistema Ertms “porque daba retrasos”, y que el jefe de maquinistas de Ourense, José Ramón Iglesias Mazaira, había advertido, mediante correo electrónico, a los altos cargos de Adif, “de la peligrosidad de la curva y no se le hizo caso”, advirtió Domínguez.
La Plataforma de Afectados denuncia lo que sus integrantes han interpretado como “trato inhumano” del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cuando fueron interceptados por los antidisturbios el año pasado a la entrada del acto de entrega de las Medallas de Galicia.
Las víctimas asistieron por la tarde a una misa a las seis de la tarde en la Colegiata de Sar, parroquia en la que se circunscribe el barrio de Angrois, lugar del accidente.
Tras la celebración religiosa, los integrantes de la plataforma y acompañantes llegaron a las ocho de la tarde a la zona del accidente, lugar en el que pocos minutos antes de las 20.40 horas del 24 de julio de 2013 tuvo lugar la terrible tragedia. 
Un total de 81 flores recordaron, al paso del Alvia que cubre la ruta entre Madrid y Ferrol, a otras tantas víctimas que se dejaron la vida en el accidente.
La emotiva escena situó de nuevo en el mapa a Angrois, la zona cero de aquella tragedia ferroviaria sucedida en la curva de A Grandeira, situada en este barrio compostelano, y las flores fueron bendecidas por el párroco de la Colegiata de Sar, José Porto.
Víctimas y familiares de aquellas personas recordaron de este modo el siniestro, al que se sumaron los vecinos de Angrois. 
Por su parte, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, hseñaló que la Administración gallega respeta “cualquier opinión” de familiares de las víctimas.
En declaraciones a los medios en Vigo, Rueda reseñó que hubo “un buen funcionamiento” del operativo de rescate, “reconocido por todo el mundo”, y ya desde entonces “todas las administraciones” coincidieron en que “lo prioritario era ponerse al lado de las víctimas”.
También recordó que “desde el principio” hay un juzgado encargado del caso, y ha hecho hincapié en que la Xunta ha prestado “toda la colaboración” a la administración de la justicia, que será la que “tendrá que decir las responsabilidades, las causas y todo lo que proceda”. n