Zarrías declara que sus propuestas tenían el visto bueno del interventor

El exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías declaró ante el juez del caso ERE en el Supremo que las propuestas de modificación presupuestaria elevadas al Gobierno andaluz desde la Comisión de Viceconsejeros que él presidía eran legales y tuvieron el visto bueno del interventor.
El diputado socialista respondió a las preguntas del magistrado de alto tribunal Alberto Jorge Barreiro señalando que las propuestas de modificación presupuestaria que pasaban por la Comisión General de Viceconsejeros, los llamados “consejillos”, siempre llevaban el informe favorable del interventor general.
Además, Zarrías negó durante una comparecencia que comenzó a las 10.30 horas y que terminó poco antes de las 14.00, que desde la citada comisión se pudieran tomar decisiones ejecutivas sobre los ERE supuestamente fraudulentos, según fuentes jurídicas.
La Comisión de Viceconsejeros no tiene ningún poder decisorio sino únicamente una función preparatoria de los Consejos de Gobierno, señaló Zarrías, que compareció voluntariamente como imputado para que el magistrado pueda decidir si solicita o no el suplicatorio.
Zarrías presidió hasta 12 sesiones de la Comisión General de Viceconsejeros relacionadas con modificaciones vinculadas a las subvenciones conocidas como ERE, según la documentación de la que dispone el magistrado.
A su salida del tribunal dijo a los periodistas: “Hoy es un día con sentimientos encontrados pues no es agradable tener que declarar ante un tribunal, aunque sea de forma voluntaria, para una persona honrada. Pero tengo el alivio que supone después de mucho tiempo poder haber dado explicaciones y responder a todas y cada una de las preguntas que se me han planteado”.
“Pienso que ha quedado claro que la Comisión General de Viceconsejeros que yo presidía, que no tenía poder decisorio, siempre en todo momento y en cualquier circunstancia elevó al Consejo de Gobierno asuntos plenamente aceptados por la legalidad”, destacó y abundó en que “en ningún momento se elevó al Consejo de Gobierno ningún tema que no tuviera los requisitos que la ley marca”.