Torres-Dulce dimite por causas personales tras sus discrepancias con el Gobierno

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, dimitió ayer por “razones personales” tras sus “desencuentros” con el Ministerio de Justicia en la defensa de la independencia de la actuación de la Fiscalía, que ha mantenido durante su mandato en casos de máxima trascendencia política.
El Gobierno, desde el presidente Mariano Rajoy al ministro de Justicia, Rafael Catalá, negó la existencia de presiones para que Torres-Dulce abandonara el cargo, posibilidad con la que se comenzó a especular tras la polémica en la que se vio envuelta la Fiscalía durante la elaboración de la querella contra el presidente catalán Artur Mas por el 9-N.
La decisión de Torres-Dulce de renunciar al cargo fue anunciada ayer por la Fiscalía General del Estado en un breve comunicado, en el que justifica su decisión en “razones personales”, aunque fuentes fiscales reconocieron el “cansancio” del fiscal con su situación y los “desencuentros” mantenidos durante su mandato con los ministros de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón y Rafael Catalá.
Previsiblemente, el Consejo de Ministros pondrá hoy en marcha el procedimiento para llevar a cabo el nombramiento del sustituto de Torres-Dulce al frente de la Fiscalía General del Estado.
El Consejo General del Poder Judicial tendrá que emitir un informe sobre el candidato propuesto, que deberá comparecer ante la comisión de Justicia del Congreso para valorar su idoneidad. La dimisión de Torres-Dulce, que comunicó ayer al Gobierno, causó “sorpresa” en el ministerio fiscal, como quedó en evidencia en una reunión mantenida por el fiscal general con los fiscales de sala del Supremo a los que comunicó la noticia.

autonomía
La defensa de la “autonomía” de la Fiscalía en público y “en privado” fue una de las premisas que Torres-Dulce siempre ha mantenido al frente de la institución en los tres años en los que ha estado, junto a su máxima de incrementar los medios de la Fiscalía Anticorrupción, según destacaron fuentes fiscales.
Como prueba de ello, añadieron, se encuentra la postura “independiente” de la Fiscalía en los casos “Gurtel” y de los papeles de Bárcenas (el extesorero ingresó en prisión a petición del fiscal), así como en los de los ERE de Andalucía y el caso “Nóos”, además de la querella contra el 9-N.
Precisamente esta querella suscitó tensión, ya que el Gobierno quería una rápida respuesta de la Fiscalía, que se produjo cierto tiempo después, a lo que se unió la decisión de los fiscales catalanes de oponerse a la querella. Desde el entorno de Torres-Dulce se quiso desvincular públicamente la dimisión de toda polémica política. Fuentes próximas al fiscal explicaron que se va “con el deber cumplido” y en un momento “de tranquilidad”, sin polémicas, en el que todas las cuestiones importantes “están encauzadas”.
El Gobierno esperaba la decisión de Torres-Dulce, incluso cuando estaba al frente de Justicia Ruiz-Gallardón, indicaron fuentes del Ejecutivo, que reconocieron que, al parecer, el fiscal no tenía mucha sintonía con el nuevo ministro, Rafael Catalá, si bien desvincularon esta decisión con la querella de Cataluña.
Por su parte, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, afirmó ayer que la dimisión de Torres-Dulce expresa “la falta de respeto del Gobierno a su imparcialidad”.
Los socialistas han solicitado la comparecencia de Mariano Rajoy ante el pleno del Congreso para que dar cuenta de su “responsabilidad” en la dimisión del fiscal.