11º-16º
martes | 16 abril | 2024
La exdiputada de Izquierda Unida Tania Sánchez declaró este martes por el Caso Aúpa, en el que se le imputan presuntos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias, tras lo cual su abogado negó que ella supiera que el expediente en el que no se inhibió incluía una empresa de su hermano Héctor.
A su llegada al Juzgado de Instrucción Número 6 de Arganda del Rey, Sánchez aseguró que estaba “tranquilísima” y satisfecha por poder explicar las “falsedades” en que se basa la querella presentada por el PP.
El abogado de la excandidata autonómica de IU, Gonzalo Boye, apuntó a la salida que, durante el pleno del Ayuntamiento de Rivas en el que se dio luz verde al contrato, todos los ediles aprobaron por unanimidad el expediente en que se apoyaba la adjudicación, y añadió que Sánchez no sabía que ese expediente incluía a la cooperativa Aúpa.
El letrado también explicó que el punto en que se aprobaba ese contrato estaba respaldado por una memoria realizada por los técnicos y servicios jurídicos, por lo que todos los ediles –incluidos los querellantes– apoyaron la propuesta, aprobada por unanimidad del pleno de Rivas.
En este sentido, el abogado insistió en que “el PP tuvo evidentemente la oportunidad de impugnar el acuerdo en ese pleno”, y añadió que las características de cada adjudicación vienen especificadas en la memoria e informes municipales apostillando: “tú no revisas las 40, 500 o 1.000 páginas del informe”.
137.000 euros
La exdiputada fue llamada a declarar para explicar uno de los contratos que el Ayuntamiento de Rivas adjudicó en 2008 por valor de cerca de 137.000 euros a su hermano, socio y administrador único de Aúpa.
En su declaración, Sánchez explicó a la jueza todas las “falsedades y mentiras” en que el PP ha basado la querella contra ella cuando era edil en el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.
En este sentido, Boye coincidió en que la querella del PP se basa en “falsedades”, como que el alcalde de Rivas, Pedro del Cura, participó en la fundación de la asociación Pecados Capitales o que los contratos eran “ilegales o ilegítimos”, algo que quedó “demostrado y perfectamente claro” con documentos presentados en Arganda del Rey.
