10º-19º
jueves | 18 abril | 2024
La Comisión de Justicia del Senado ha aprobado llevar a pleno, gracias a los votos del PP y a pesar del veto de la oposición, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que establece que todos los asuntos entre profesionales se comuniquen de forma telemática a partir del 1 de enero de 2016.
Tras su aprobación en el Congreso, la reforma legal sigue ahora su trámite en el Senado con la aprobación del dictámen por parte de la comisión, tras lo que pasará al pleno de la Cámara Alta, que la aprobará definitivamente.
La norma ha contado con cinco vetos (enmiendas a la totalidad) por parte del Grupo Socialista, del Mixto y de la Entesa, que han criticado la falta de medios para conseguir la modernización deseada, la supresión de los juicios orales en algunos casos y el papel protagonista de los procuradores en materia de notificaciones.
La reforma del procedimiento civil se aprobará definitivamente en el pleno del Senado del 1 de septiembre, después de que hoy el PP rechazara los cinco vetos y otras 287 enmiendas de los grupos de la oposición, aunque los populares han mantenido la puerta abierta a aceptar alguna enmienda en el debate.
Uno de los vetos y otras 59 enmiendas las había presentado el Grupo Socialista, cuyo senador Arcadio Díaz ha dudado que la reforma tenga los medios necesarios para acabar con el papel en las tramitaciones.
El senador ha criticado además que a partir de ella los procuradores tengan la facultad de tramitar más asuntos que hasta ahora, lo que supone "privatizar aspectos básicos del derecho civil", así como que se acabe con la oralidad de ciertos juicios, lo que puede provocar más retrasos.
"Será una jurisdicción civil más lenta, más ineficaz, más injusta y, para colmo, pagando", ha dicho el senador, para quien esta reforma "no moderniza nada", y tan solo "modifica aspectos básicos de una ley centenaria que si se hubiera querido reformar, se habría hecho con carácter transversal y global".
Por parte del Grupo Mixto, el senador Enrique Iglesias ha criticado que la reforma "carece de encaje" y es tan solo "una nueva apuesta de buscar agilizar la justicia sin dotarla de más medios humanos o materiales", por lo que esta "condenada al fracaso" y a "generar frustración".
Para el senador de Entesa Joan Saura el cambio legislativo se ha hecho "con precipitación al final de la legislatura" e intentando "suplir la insuficiencia y el fracaso de la política de justicia", que no ha conseguido todavía su objetivo de "modernizar y agilizar la justicia, sino todo lo contrario".
La senadora del PP María del Carmen Dueñas ha asegurado que la ley sí tiene de dotación presupuestaria y ha recordado que las cuentas de 2016 de Justicia tienen una partida de 64 millones para modernización, un 35% más,
Para la senadora, los grupos de la oposición siempre repiten "el mismo mantra: privatización, castigo a los servicios públicos y al ciudadano", cuando lo que el PP pretende es dar soluciones a los problemas.
Su compañero de grupo Mario Arias ha insistido en que busca seguir avanzando en la modernización", aunque siendo "conscientes de que queda mucho por hacer en materia de justicia", y ha defendido el papel de los procuradores como "dinamizadores de las relaciones entre las partes, sus abogados y los órganos judiciales".
La reforma establece la obligatoriedad a partir del 1 de enero de 2016 de que las comunicación y trámites entre los colectivos jurídicos y las sedes judiciales se hagan de manera electrónica.
Además, los colegios de procuradores estarán obligados a habilitar los medios necesarios para garantizar el envío y recepción de notificaciones electrónicas en todo el territorio nacional.
