Sánchez quiere “prohibir las amnistías fiscales” y hacer que los corruptos devuelvan el dinero

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aseguró ayer que el programa electoral que prepara su partido incluirá la “prohibición de amnistías fiscales” y una “demanda a gritos de los ciudadanos, que los corruptos no entren solo a la cárcel, sino que devuelvan lo robado”.
Sánchez también descartó una gran coalición con el PP, pero reconoció la necesidad de alcanzar pactos puntuales en beneficio de los ciudadanos, por ejemplo para garantizar la estabilidad del sistema educativo.
Durante su primera intervención en la Asamblea Abierta organizada por el PSOE en Burgos, Sánchez explicó que el programa socialista, al que se refirió como un “contrato ciudadano”, tendrá como el primero de sus grandes ejes una alternativa económica que acabe con la “injusticia fiscal” que en su opinión cometió el Gobierno actual y la derogación de la reforma laboral vigente.
El segundo de los ejes programáticos realizará un planteamiento radical de la democracia, en el que se incluirán las propuestas contra la corrupción, mientras que el tercer eje se centrará en la defensa del bienestar social con una reforma constitucional que “blinde los derechos sociales y las personas”.
Entre estos derechos señaló la sanidad y la educación públicas y las pensiones de los mayores, aunque también los derechos de las mujeres en relación con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, para la que pidió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que retire su recurso de inconstitucionalidad.
En un acto con formato de asamblea abierta, en el que han sido los asistentes los que fueron planteando preguntas al líder del PSOE, Sánchez defendió que su formación es el partido más transparente que hay en este momento en España.
En este sentido, recordó que es el único que ha firmado un convenio con una ONG como Transparencia Internacional, tiene a disposición del que lo quiera consultar el listado de bienes e ingresos de todos los cargos públicos y colgará cada tres meses todos los gastos por desplazamientos parlamentarios