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miércoles | 24 abril | 2024
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, cargó ayer contra el sistema judicial español por considerarlo politizado, y ha avisado de que el Govern cesado reivindicará que no merece ser juzgado: “Defenderemos nuestros derechos hasta el final. Hay mucho más en juego que nuestro futuro personal, está en juego la democracia en sí misma”.
Lo explicó en un artículo en el periódico “The Guardian” titulado “Esto no es solo sobre Cataluña. Es sobre la democracia en sí misma”, donde critica que Cataluña es el único territorio de la Unión Europea en el que se ha disuelto el Parlament elegido por sus ciudadanos y cesado al presidente en pleno ejercicio del cargo.
Puigdemont censura la “brutal ofensiva judicial, el encarcelamiento y la criminalización” de los representantes políticos soberanistas, y recuerda que el soberanismo ganó las elecciones hace dos años con un apoyo que considera histórico, logrando 72 de los 135 del Parlament.
Treinta años de cárcel
Lamenta que ahora los mismos líderes de aquel triunfo electoral de 2015 se enfrenten a penas de hasta 30 años de cárcel, las mismas que por cargos de terrorismo o asesinato, y concluye: “Esto es un ultraje colosal que tendrá serias consecuencias”.
El presidente catalán recuerda que el programa electoral de JxSí incluía la independencia y la convocatoria de unas elecciones constituyentes y se pregunta cómo es posible que una parte del Govern esté ahora en la cárcel por aplicar su programa.
“Es por eso que seguiremos denunciando al mundo entero las graves deficiencias democráticas que ahora son evidentes en España”, concluye Carles Puigdemont, que asegura que el Estado español tan solo permite ser independentista si al mismo tiempo se renuncia explícitamente a lograr la independencia.
Puigdemont asegura que el sistema judicial español tiene “serias deficiencias” como falta de independencia y de neutralidad, y también que existen vínculos entre la judicatura y el Gobierno central que son visibles.
Irregularidades
Alerta de que los casos contra líderes soberanistas “contienen tantas irregularidades que es difícil creer que los acusados puedan contar con garantías formales”, y concluye que seguirá defiendo el derecho de Cataluña de ser un Estado independiente.
El expresident y los cuatro exconsejeros en libertad condicional comparecerán ante el tribunal de primera instancia de Bruselas el 17 de noviembre para la vista por la euroorden de entrega a España, confirmó ayer oficialmente la Fiscalía bruselense.
Acudirán ante la Cámara del Consejo, el tribunal de primera instancia, que decidirá si ejecuta las órdenes europeas de detención y entrega emitidas por la Audiencia Nacional el pasado 3 de noviembre contra los cinco exmiembros del cesado Gobierno de la Generalitat de Cataluña. La cita es a las 14.00 horas y a puerta cerrada, según un comunicado.
Medidas cautelares
Hasta finales de la próxima semana permanecerán en libertad con medidas cautelares, tal y como decidió este domingo el juez de instrucción y había solicitado previamente la Fiscalía.
Entre las restricciones a la libertad concedida se encuentran la prohibición de viajar al extranjero sin el permiso del juez de instrucción, la obligación de comunicar una dirección de residencia y la de asistir personalmente a cada una de las audiencias.
Puigdemont y los exconsejeros autonómicos Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) podrán vivir en la misma dirección postal o en distintas localizaciones, con tal de que estén bien comunicadas.
La portavoz de la Fiscalía Ine Van Wymersch propuso la libertad condicional porque “para enviar a alguien a prisión debe haber causas serias que hagan meritorio restringir la libertad”.
“Estas personas se entregaron ellas mismas y mostraron total colaboración”, añadió. Al ser preguntada por posibles presiones del Gobierno belga tras las críticas, entre otros del ministro de Interior, Jan Jambon, a los encarcelamientos de ocho exconsejeros en España, Van Wymersch aseguró que existe “total independencia del poder judicial”.
Igualmente, la portavoz de la Fiscalía aclaró que no hay prohibición alguna a Puigdemont y los exconsejeros para hablar si lo desean con los medios de comunicación ni para participar en actividades políticas. l
