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sábado | 4 mayo | 2024
La Guardia Civil atribuye al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, un supuesto delito de fraude en materia de contratación pública que habría cometido al acordar el pago de 32.000 euros para que las empresas del supuesto “conseguidor” de la trama Púnica, Alejandro de Pedro, mejoraran su imagen y poder progresar así en su “carrera política”.
Según consta en el sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, la contratación no se llegó a materializar gracias a la operación policial que estalló en octubre de 2014, “si bien los indicios apuntan a que sí se materializó el concierto para la adjudicación, a través de las distintas reuniones y contactos entre las partes”.
La Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado se incautó en el registro de la empresa de De Pedro, Eico-Madiva, de la hoja de pedido, en la que se desgrana que los servicios contratados se prolongarían desde el 1 de noviembre de 2014 hasta el 30 de mayo de 2015 por un precio total de 32.200 euros sin IVA, a razón de 4.600 euros mensuales. “No son prestaciones que responsan a una necesidad pública, sino al interés personal del consejero –Sánchez era entonces titular de Educación– para validar su gestión, contrarrestar las noticias desfavorables a su persona y poder progresar en su carrera política”, destaca el informe del pasado 13 de mayo.
La UCO considera así que el actual presidente murciano habría realizado en su etapa como consejero de Educación “supuestos trabajos reputacionales sufragados indiciariamente con fondos públicos”, todo ello enmascarado como un “un eventual contrato en materia de formación”.
Los investigadores consideran también que la ex senadora del PP por esta región, Pilar Barreiro, –que repite como candidata a la Cámara Alta en las listas “populares” para las próximas generales– pudo incurrir en un delito de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias en su etapa como alcaldesa de Cartagena y exdiputada nacional.
