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sábado | 20 abril | 2024
El Parlament inició ayer su nuevo periodo de sesiones sin la ley del referéndum sobre la mesa y con la incógnita sobre el cuándo y el cómo los independentistas, a los que el Gobierno ve desconcertados, pretenden dar amparo legal al 1-O; el choque de trenes institucional queda así aplazado.
La proposición de ley del referéndum, que Junts pel Sí y la CUP registraron el 31 de julio, quedó excluida del orden del día de la primera reunión de ayer de la Mesa de la cámara catalana, una decisión que su presidenta, Carme Forcadell, justificó por la “complejidad” de la norma pero, sobre todo, por la “judicialización” de la política y por la situación de querellados en la que se encuentran cinco miembros del órgano.
Incógnita
La pregunta ahora es cuándo y cómo se dará curso a la ley del referéndum, ya que existen varias posibilidades: que la Mesa del Parlament admita a trámite la proposición de ley en una próxima reunión –hay previstas reuniones los días 22 y 29 de agosto–, antes del primer pleno del Parlamento de los días 6 y 7 de septiembre.
También podría darse que sea el Govern el que asuma la iniciativa, presentándola como proyecto de ley o, incluso, vía decreto, mecanismo con el que quedaría aprobada de forma inmediata.
El aplazamiento del inicio de la tramitación de la ley del referéndum generó desconcierto y críticas, a partes iguales, entre los partidos de la oposición, y también en las filas del Gobierno, que ya anunció que recurriría al Tribunal Constitucional en cuanto la Mesa diese luz verde.
Fuentes del Ejecutivo indicaron que el retraso en la tramitación de esta ley de desconexión es la prueba del “absoluto desconcierto” que se vive en el seno de los independentistas, debido a la pérdida de apoyos populares, la radicalización y la “purga de cualquier voz moderada”, en alusión a los consellers cesados.
El Gobierno no descarta el 155
El dirigente del PP Pablo Casado advirtió de que el Gobierno tiene muchos “resortes” para responder con “firmeza” y “proporcionalidad” a las ilegalidades del secesionismo catalán, unos “trileros”, dijo, que esconden su hoja de ruta y que esperan “una respuesta pasada de vueltas” para presentarse como “víctimas”.
Por su parte, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, declaró que el Gobierno “tiene estudiados todos los escenarios y todas las vías de actuación previstas en el ordenamiento jurídico” para impedir el referéndum “ilegal” del 1-O, lo que incluiría también el análisis de una hipotética aplicación del artículo 155 de la Constitución. El ministro hizo estas declaraciones después de la sesión extraordinaria del Consejo de Ministros.
