Mas responderá por desobediencia grave y malversación, entre otros delitos

La Fiscalía se querelló ayer contra el presidente catalán, Artur Mas, su vicepresidenta, Joana Ortega, y su consellera Irene Rigau, a los que acusa de desobediencia grave, prevaricación, usurpación de funciones y malversación por “sobreponer su visión partidista” a la suspensión del 9-N ordenada por el Constitucional.
Tras aplazarse casi dos semanas por discrepancias entre la Fiscalía de Cataluña y la General del Estado, la querella se interpuso ayer a mediodía ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que la próxima semana elegirá al tribunal que estudiará su admisión a trámite.

un año de cárcel
La querella, que entre otras diligencias pide la declaración como imputados de Mas, Ortega y Rigau, plantea cuatro delitos por las posibles responsabilidades penales derivadas del 9-N que, como máximo, podrían acarrear para cada uno de ellos condenas de hasta un año de cárcel y diez de inhabilitación especial para cargo público.
El escrito, redactado por la Fiscalía General del Estado y que firma el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, pese a sus iniciales reticencias, acusa a los querellados de “sobreponer la propia visión partidista de la realidad sobre el deber de ejercer sus atribuciones administrativas de manera objetiva y conforme a derecho”.
La Fiscalía reprocha a los miembros del Gobierno catalán la “intrínseca arbitrariedad” de su conducta, por negarse “abiertamente a dar el debido cumplimiento a una resolución judicial emanada del máximo intérprete de la Constitución”.
El ministerio público recuerda que la consulta del 9-N fue “planificada, auspiciada y financiada” por la Generalitat pese a que el TC la suspendió en una orden que, a su parecer, “no dejaba margen a la duda”.
Es más, el fiscal cree que el 9-N “no fue sino la realización, por otros medios, del designio original de celebrar una consulta de naturaleza materialmente refrendaria igualmente suspendida por el TC”, como lo demuestra que Artur Mas puso en marcha un proceso de participación ciudadana “desarrollado con la estructura de urnas, mesas y papeletas característica de los procesos electorales”.
Además, la Fiscalía cree que el Gobierno catalán malversó dinero público en la organización del 9-N por los gastos que la consulta implicó en movilizar a casi 7.000 mossos d’esquadra, distribuir propaganda electoral y mantener la web que informaba del proceso, entre otras partidas.
También recrimina al Ejecutivo de Mas que haya “urgido” a presos catalanes a confeccionar las urnas y las papeletas que sirvieron para la consulta del 9-N, con jornadas “voluntarias” de doce horas de trabajo, incluso en sábados y domingos, en el Centro de Iniciativas para la Reinserción, un trabajo que se realizó en la cárcel Ponent de Lleida.