Mantienen la fianza de 18 millones a Rato por indicios de fraude y blanqueo

La Audiencia Provincial de Madrid cree que existen “datos suficientes” de que el exministro de Economía Rodrigo Rato pudo cometer uno o varios delitos fiscales y blanqueo, por lo que considera que fue “adecuada y razonable” la fianza de 18 millones que se le fijó para levantar el embargo sobre sus cuentas.
En un auto, al que el tribunal madrileño desestima el recurso que el exvicepresidente del Gobierno interpuso contra esta medida cautelar dictada por el instructor Antonio Serrano-Arnal el  mayo, a la que tachaba de “excesiva y desproporcionada” y criticaba que incluyera conceptos como el pago de la multa que en su día se le pueda imponer.
Sin embargo, los tres magistrados de la Sección 23 de la Audiencia aluden a la “complejidad del asunto”, derivada del entramado de sociedades mercantiles “dirigidas y gestionadas directa o indirectamente” por él y “de los numerosos terceros que han podido intervenir y tener participación” en esa red.
Así, aunque reconocen la “insipiencia de la investigación”, subrayan que “existen datos suficientes como para que el denunciado hubiera podido incurrir en la supuesta comisión” de uno o varios delitos fiscales y otro de blanqueo, no así el de alzamiento que, recuerdan, ya ha descartado la Fiscalía Anticorrupción.
Serrano-Arnal, admiten, “adoptó una serie de medidas muy restrictivas de los derechos del denunciado”, como fue el bloqueo de todos sus bienes y patrimonio conocido y la prohibición de usarlo, pero la medida y su cuantificación fue “adecuada y prudente”.
“Estas limitaciones en el orden civil”, relata el auto, “respondían como no podía ser de otra forma a la finalidad, no solo de garantizar” las posibles responsabilidades derivadas de la comisión de estos delitos, sino la de “preservar su patrimonio “para que estuviera disponible”.
No obstante, pese a que abren la puerta a que la cuantía pueda ser modificada, tanto al alza como a la baja, según avance el caso, creen que procede mantenerla a la luz de los datos contenidos en el informe de la Oficina de Investigación del Fraude.