10º-19º
viernes | 19 abril | 2024
El magistrado que investiga la causa del 9-N finalizó la investigación del caso y concluyó que debe seguirse la acusación contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega y la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau por presunta desobediencia y prevaricación administrativa.
El juez de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) acordó trasladar la causa a las partes para que, en diez días, soliciten la apertura del juicio y presenten los escritos de calificación o pidan el sobreseimiento de la causa, informó ayer en TSJC en un comunicado.
Así, el cierre de la investigación deja a los tres investigados más cerca de sentarse en el banquillo, a falta de que las acusaciones se pronuncien; si hay acusación, como se prevé, el juez dictará un nuevo auto en el que mandará el caso a juicio.
El juez concluye que Mas conocía desde el mismo 4 noviembre la providencia del TC que ordenaba la suspensión de la convocatoria porque se le comunicó personalmente y, pese a ello, se negó “abiertamente” a dar cumplimiento a este mandato.
Ortega se coordinó con Mas en la preparación de la consulta y, entre otras gestiones, fue la encargada de ofrecer los resultados de las votaciones en el centro de prensa, recuerda el tribunal.
El papel de Rigau, según relata el TSJC, consistió en procurar que los directores de los institutos cedieran los centros para acoger las votaciones y posibilitó que se instalaran los ordenadores, el software y el material para la jornada.
El magistrado desestimó la petición de sobreseimiento de las defensas de los investigados por la organización de la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014.
El juez rechaza en su resolución la justificación que dieron los investigados de que todo el proceso quedó en manos del voluntariado de la consulta tras el 4 de noviembre –cuando el Tribunal Constitucional (TC) suspendió el proceso–, sin intervenir la Generalitat.
El juez concluye que también fue relevante el servicio de contratistas privados pagados por la Generalitat y con conocimiento de los tres investigados, “con plena conciencia de la desobediencia” a la suspensión judicial del proceso de la consulta, como constatan correos electrónicos entre la Generalitat y los contratistas en que se pedía literalmente confidencialidad y tacto.
Además, los voluntarios tenían funciones como recibir y custodiar el material del proceso, pero no de recogerlo, trasladarlo, instalarlo, desmontarlo ni devolverlo, entre otras funciones; la web oficial del 9-N –encargada por la Generalitat– siguió abierta y el CTTI de la Generalitat encargó los programas para el proceso de datos de las votaciones.
