En libertad la secretaria de Rato y su testaferro tras declarar ante el juez

El juez de Instrucción 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, dejó ayer en libertad a la secretaria del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, Teresa Arellano, y al supuesto testaferro del exministro, Miguel Ángel Montero, a los que mantiene imputados por delitos de blanqueo de capitales, corrupción de particulares y delito fiscal.
Los dos abandonaron los Juzgados de Plaza Castilla tras declarar por espacio de dos horas y media ante el magistrado, que ordenó que comparezcan una vez al mes en las dependencias judiciales y mantiene secreta esta parte del procedimiento relacionado con el supuesto pago de comisiones ilegales al expresidente de Bankia a cambio de contratos con la entidad.
Fueron trasladados ayer ante el juez por la Guardia Civil que les mantuvo detenidos durante dos días tras tomarles declaración. Testificaron ante los agentes un día antes de que se interrogara al propio Rato, también ante la Comandancia del Instituto Armado.
La causa afecta, por el momento, a nueve imputados. Además de Rato, Arellano y Montero, el juez atribuye los mismos tres delitos a otro de sus presuntos testaferros, Alberto Portuondo, –el único que ha sido enviado a prisión– y al abogado Domingo Plaza.
Serrano-Arnal también mantiene la imputación sobre cuatro directivos de las empresas de publicidad Zenith Media y Publicis. Interrogó el jueves a la directora general de Zenith, Candi Rodríguez, y al consejero delegado de Publicis, Xabier Olazábal, así como a otros dos directivos de ambas sociedades, según ha informado El Español.
Según la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Rato empleó empresas pantalla para el cobro de comisiones por cerca de dos millones de euros de empresas proveedoras de Bankia. Más de 800.000 euros habrían ido a parar a Kradonara SL, propiedad del exvicepresidente, bajo la apariencia de pagos por servicios que realmente no se prestaron.

cursos y conferencias
Por otra parte, Serrano-Arnal, instructor del “caso Rato”, acusa también al exvicepresidente del Gobierno de defraudar al fisco por ingresos que obtuvo al asistir a diversos congresos y conferencias. Este dinero habría acabado en una sociedad, Bagerpleta GMBH, parte de cuyo accionariado el exministro comparte, a través de otras empresas interpuestas, con su exmujer Ángeles Alarcó, presidenta de Paradores.
Así se revela en el auto por el que el magistrado plantea al Supremo una cuestión de competencia para que sea este órgano el que decida quien tiene que seguir investigando a Rato y ocho imputados por delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.
En concreto, Serrano-Arnal revela que Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), está realizando investigaciones por la existencia de indicios de que diversas empresas controladas por Rato están ingresando cantidades económicas en Bargerpleta GMBH con origen en Vivaway Limited, otra mercantil propiedad de Rato.