La Policía ha requerido a la Generalitat valenciana documentación relacionada con la investigación del “caso Nóos”, que además ya figura en el expediente que se remitió en noviembre de 2011, pero no ha solicitado facturas, según indicaron fuentes de la Consejería de Presidencia.

Asimismo, declaró como testigo un funcionario de la Consejería de Presidencia, en concreto el secretario general administrativo, quien explicó que fue nombrado en julio de 2007, y por tanto no tiene conocimiento directo de la información solicitada, referida a los años 2005 y 2006.

Las mismas fuentes, que insistieron en que no ha habido ningún registro policial sino únicamente petición de información, corrigieron así la versión ofrecida ayer por el vicepresidente y portavoz del Consell, José Ciscar, quien afirmó que la Policía había requerido a la Generalitat “dos o tres” facturas de los años 2005 y 2006 relacionadas con la investigación del “caso Nóos”, aunque no concretó a qué contratos o convenios se referían.

En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, Ciscar aseguró que la petición de los agentes se produjo el jueves y negó que se haya producido registro alguno en organismos dependientes de la Generalitat, sino únicamente esa petición de información.

El pasado 2 de diciembre, la Policía tomó declaración como imputados, en presencia de la Fiscalía Anticorrupción de Baleares, a los exdirectores de la Ciudad de las Artes y las Ciencias Jose Manuel Aguilar y Jorge Vela, en el marco de la investigación en torno al Instituto Nóos que presidió Iñaki Urdangarin.

Nóos percibió unos dos millones de euros del Valencia Turismo Convention Bureau y de CACSA, dependientes respectivamente del Ayuntamiento de Valencia y de la Generalitat valenciana, por organizar entre 2004 y 2006 las jornadas Valencia Summit sobre acontecimientos deportivos.

Jorge Vela es hermano del actual conseller de Hacienda, José Manuel Vela, y actualmente ocupa el cargo de director general del Instituto Valenciano de Finanzas.

También ese día declaró el vicealcalde de Valencia y presidente del patronato del Valencia Turismo Convention Bureau, Alfonso Grau.

Por su parte, el portavoz del gobierno balear, Rafel Bosch, indicó que el Ejecutivo autonómico seguirá todas las recomendaciones de la Abogacía de la comunidad en relación al caso Palma Arena, como podría ser reclamar a Urdangarin, el dinero presuntamente desviado.

Bosch indicó que “en todo tipo de actuaciones siempre actuaremos siguiendo el criterio que aconseje la Abogacía”.

Así, señaló que si la Abogacía aconseja pedir el retorno del dinero lo harán.