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sábado | 20 abril | 2024
El exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras pidió amparo al Tribunal Constitucional para quedar en libertad, alegando que se le castiga por su ideología pese a que el proceso catalán fue pacífico y que la declaración de independencia expresó una “voluntad política” sin valor jurídico.
En el recurso, Junqueras, que lleva más de cien días en prisión por los delitos de rebelión y sedición, pide al Constitucional que tramite su petición de excarcelación de forma “urgente”, para “evitar daños irreparables”, al considerar que se están vulnerando sus derechos como diputado, ya que le aplicaron una “incapacitación legal” sin precedentes.
Un proceso pacífico
El abogado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, rechaza en el escrito que se pueda imputar al líder de ERC los delitos de rebelión o sedición porque el proceso catalán para la independencia fue siempre pacífico, al tiempo que recuerda que el Constitucional sentenció que la libertad de expresión vale también para difundir ideas u opiniones que “contrarían, chocan o inquietan”.
Según Junqueras, la declaración de independencia que votó el Parlament el 27 de octubre fue fruto de la “legítima libertad de expresión de unos diputados que conformaban una amplia mayoría parlamentaria y que expresaban una voluntad política cuya eficacia se incardinaba en procedimientos parlamentarios independientes, basados en el debate político, y sin otra aspiración de juridicidad que la de ejercer la democracia y la libertad de expresión”.
Reincidencia
El recurso de Junqueras rebate la tesis del juez del Supremo Pablo Llarena para mantenerle en prisión por riesgo de reincidencia, al asegurar que no es candidato a la presidencia de la Generalitat y que en el actual contexto político en Cataluña “no existen condiciones para esa supuesta reiteración” ni voluntad del líder de ERC “de ejecutar acto ilícito alguno”.
El recurso sostiene que, más allá de la “legítima discrepancia” que pueda existir sobre la ideología política de Junqueras, “su actuación y su discurso son los de una persona pacifista y así es concebido ampliamente tanto en Cataluña como fuera de ella”.
También denuncia que, al mantenerle en prisión, el juez “destruye” sus derechos políticos como parlamentario y los de la ciudadanía a los que representa, al tiempo que insiste que se le está perjudicando al situar la causa en el Supremo –donde no tiene posibilidad de segunda instancia–, pese a que nada de lo que se les atribuye ocurrió fuera de Cataluña.
Parte del recurso de Junqueras se contradice con la declaración prestada ayer por la expresidenta del grupo de la CUP en el Parlament Mireia Boya, quien afirmó a preguntas del juez Llarena, que la declaración unilateral de independencia (DUI) del 27 de octubre no era meramente cosmética o simbólica, sino que buscaba una “efectividad real”.
Esta afirmación, por tanto, contradice la calificación de “simbólica” que otorgaron a la DUI en sus respectivas declaraciones otros imputados en la causa del denominado procés, tanto exmiembros del Govern de Carles Puigdemont como antiguos integrantes de la Mesa del Parlament.
Boya, que declaró durante una hora y cuarto y únicamente contestó a las preguntas de su letrado y del magistrado, también comentó los hechos ocurridos tanto el 20 y 21 de septiembre, durante los registros en sedes de la Generalitat, como el 1-O, día del referéndum ilegal.
Sobre las protestas de septiembre, la exdiputada de la CUP atribuyó los destrozos que sufrieron vehículos de la Guardia Civil durante el asedio a la Consejería de Economía a los periodistas que cubrían la concentración. Y en cuanto al 1-O, Boya declaró ante el juez instructor que “agentes de paisano salieron a cazar con porras a los independentistas..
Al terminar el interrogatorio, Boya compareció ante los medios de comunicación para decir que cree que “las próximas declaraciones” tendrían “que parecerse” a la que ella hizo
La exdiputada de la CUP se refiere a las citaciones en el alto tribunal de Marta Rovira (ERC) y Marta Pascal (Junts per Catalunya) el lunes, 19 de febrero; Artur Mas y Neus Lloveras (AMI) un días más tarde; y de su compañera Anna Gabriel el día 21.
“Las próximas declaraciones creemos que tendrían que parecerse a la que yo he hecho ayer aquí. No es con la justicia como vamos a solucionar el conflicto político entre Cataluña y el Estado español. Esto es un juicio político y tenemos que actuar como tal, defendiendo nuestros postulados políticos y nuestro programa electoral”, afirmó.
