Junqueras alega que la cárcel lesiona su derecho a participar en las autonómicas

Oriol Junqueras y su abogado llegan a la Audiencia Nacional | fernando alvarado (efe)

El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras alegó ante la juez que su encarcelamiento lesiona su derecho y el de los ciudadanos “a la participación política” en las elecciones autonómicas del 21-D y le recordó que el Govern no emprendió

El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras alegó ante la juez que su encarcelamiento lesiona su derecho y el de los ciudadanos “a la participación política” en las elecciones autonómicas del 21-D y le recordó que el Govern no emprendió “ningún acto ejecutivo” desde su cese.
Andreu Van Den Eynde, abogado de Junqueras y de los exconsellers Raul Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa, presentó ayer un recurso de reforma contra su ingreso en prisión preventiva, ante la propia magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que el jueves los envió a la cárcel en la causa en que los investiga por los delitos de rebelión o sedición y malversación.

Interpretación novelada
En sus recursos el letrado rebate los argumentos de riesgo de fuga, reiteración delictiva y ocultación de pruebas en que se basó la magistrada para dictar prisión y arremete contra la querella que la Fiscalía presentó contra ellos, que según el abogado no es más que una “curiosa interpretación novelada de lo sucedido en Cataluña en los dos últimos años”.
Por ese motivo, la defensa de los exconsellers también recurrió la decisión de la juez de admitir a trámite la querella de la Fiscalía, así como la fianza de 6,2 millones que la magistrada fijó a los miembros del Govern cesados, que la defensa cree es “prematura” e infundada, porque no hay prueba de que se gastara esa cifra en la celebración del referéndum.

Desproporcionado
Para el abogado, el ingreso en prisión de los exconsellers es “desproporcionado” y puede provocar un “daño reputacional” sobre ellos en vísperas del 21-D, además de “afectar los principios que inspiran todo proceso electoral”.
“No hay duda alguna de que los investigados son candidatos potenciales a las elecciones y que si no estuvieran privados de libertad tendrían una participación muy activa en la campaña electoral”, según el recurso, que mantiene que la prisión provisional de los exconsellers “lesiona su derecho a la participación política y el del conjunto de la ciudadanía a la representación política”.
Los abogados esgrimen además el “arraigo familiar” de los exconsellers, lo que a su parecer descarta el riesgo de fuga, así como la “actitud institucional plenamente colaborativa” que mostraron al acudir a declarar ante la juez, lo que “denota un altísimo nivel de servicio público e institucional donde el valor de la dignidad personal de cada uno de los encausados debe ser reconocido, más allá de discrepancias ideológicas”.
Para el letrado, tampoco hay riesgo de reiteración delictiva, teniendo en cuenta que los investigados, “a pesar de ostentar legítima y democráticamente la condición de miembros del Gobierno de Cataluña”, acudieron a declarar “ya como exconsejeros”.
Asimismo, subraya la defensa, el Govern “no se ha reunido desde el día de su cese, no se han adoptado acuerdos ni se han efectuado publicaciones en el boletín oficial que demuestren actos ejecutivos tras la sesión parlamentaria del 27 de octubre”, en que la cámara catalana aprobó la independencia.
Por su parte, los exconsellers Antoni Comín y Meritxell Serret alegaron en sus recursos a las órdenes de detención contra ellos “persecución política” por “los votos y opiniones” que emitieron como miembros del Parlament catalán y del Govern, así como la ausencia de violencia en el proceso independentista.
En los recursos ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela contra sus órdenes de detención europeas el abogado Gonzalo Boyé afirma que con ellas se ha vulnerado su inviolabilidad y la inmunidad parlamentaria recogida en el Estatuto catalán, que “protege a los miembros del Parlament por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo y prohíbe detenerlos con ocasión del ejercicio de su cargo”.
El letrado asegura en su escrito que se les persigue “por los votos y opiniones emitidos en el ámbito de la función parlamentaria y como miembro de un gobierno elegido democráticamente por los ciudadanos”.
Reconoce que sus defendidos, que se presentaron el domingo ante las autoridades belgas tras conocer la euroorden, no están ya aforados después de su cese, pero cree que les asiste esta protección contenida en el artículo 57.1 del Estatut.
Con respecto al asedio a la Guardia Civil durante un registro en la Conselleria de Economía el 20 de septiembre, y que dio lugar a la apertura de esta causa por sedición en la Audiencia Nacional, cree que lo ocurrido debía haber sido investigado como un presunto delito de desórdenes, “cuya competencia correspondería al juzgado territorialmente competente”. l