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jueves | 18 abril | 2024
El juez de guardia de Terrassa (Barcelona) autorizó ayer a la Guardia Civil a intervenir los sobres, con logotipo de la Generalitat, que se localizaron en el registro de la empresa Unipost de la población para comprobar si, como se sospecha, contienen tarjetas censales.
La Guardia Civil y la comitiva judicial abandonaron sobre las 20.00 horas la empresa Unipost de Terrassa (Barcelona) después de que los Mossos d’Esquadra desalojaran a una veintena de personas que protagonizaron una sentada para impedir el paso a la comitiva judicial.
Los Mossos facilitaron que la comitiva, encabezada por el secretario del juzgado de instrucción número 3 de Terrassa, pudiera entrar en las dependencias de la empresa de mensajería Unipost. La intervención concluyó sin que se produjera ninguna identificación ni detención, informaron a Europa Press fuentes policiales. Los concentrados entregaron claveles a los agentes de la Guardia Civil y entonaron “L’Estaca” de Lluís Llach y gritos de “Independencia”.
En un auto, el titular del juzgado de instrucción número 3 de Terrassa acordó ayer que se interviniesen la totalidad de los sobres incautados en la empresa y abrir uno de ellos, ante los indicios de que el responsable de la compañía podría ser “cooperador necesario de un delito de malversación de caudales públicos” vinculado a la organización del referéndum.
Agentes de la Guardia Civil irrumpieron a primera hora de la mañana en la sede de la empresa de mensajería Unipost y a lo largo del día estuvieron registrando sus instalaciones, donde encontraron una “ingente cantidad” de sobres con el logotipo de la Generalitat que se cree podrían contener las tarjetas censales necesarias para celebrar el referéndum, según sostiene el juez en su auto.
Ante ese hallazgo, la Fiscalía de Terrassa (Barcelona) pidió al juzgado de guardia de la población que ordenara la intervención y apertura de los sobres localizados en la empresa, ante los indicios de que los responsables de Unipost podrían estar colaborando con los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación por colaborar con la organización del 1-O. Para el magistrado, del oficio que aportó la Fiscalía detallando el hallazgo de la Guardia Civil se desprenden “claros indicios” de la posible participación de los responsables de Unipost en el delito de malversación de caudales públicos. Por ese motivo, el magistrado autorizó la intervención de la totalidad de los sobres hallados y la apertura de uno de ellos.
Antecedentes
En 2014, Unipost ya fue requerida por la Fiscalía Superior de Cataluña en el marco de la investigación sobre los preparativos de la consulta del 9-N. A instancias de la Fiscalía General del Estado, el Ministerio Público remitió un oficio a la empresa Unipost para que le enviara la hoja de encargo, contrato y los documentos que obraran en su poder relacionados con la distribución o el buzoneo de la propaganda.
Además de pedir el presupuesto, la factura pro forma o definitiva, la Fiscalía quería saber entonces qué persona o entidad suministró a la compañía el listado de destinatarios o el mecanismo por el que se obtuvo dicho listado de personas.
Unispot forma parte del entramado empresarial de la familia Raventós, propietaria del Grupo Codorníu. En julio de 2017 la filial de mensajería declaró la suspensión de pagos debido a las deudas acumuladas con la Agencia Tributaria. l
