El juez imputa a otros 78 titulares de tarjetas B de Caja Madrid y Bankia

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu imputó a otros 78 usuarios de las tarjetas opacas de Caja Madrid, que se suman así a los expresidentes Rodrigo Rato, Miguel Blesa y el exdirectivo Ildefonso Sánchez Barcoj, y llamó a declarar el próximo febrero a 27 de ellos.
En un auto notificado ayer, Andreu convoca para el día 16 de ese mes a 10 de ellos: José Antonio Moral Santín; José María Arteta; Juan José Azcona; Pedro Bedia; Rodolfo Benito; Gerardo Díaz Ferrán; Ramón Espinar; Guillermo R.Marcos; Gonzalo Martín Pascual e Ignacio de Navasqües.
Un día después, deberán comparecer Jesús Pedroche; Alberto Recarte; José María de la Riva; Antonio Romero; Ricardo Romero de Tejada; Estanislao Rodríguez Ponga; Francisco Baquero; José Manuel Fernández Norniella; Mercedes Rojo y Virgilio Zapatero.
Por último, el día 18 están citados María Enedina Álvarez; Luis Blasco; María del Carmen Cafranga; Arturo Fernández, Jorge Gómez, Javier López Madrid y José Ricardo Martínez Castro.
Además, Andreu ha decidido citar como testigos el 20 de febrero al expresidente Jaime Terceiro, bajo cuyo mandato situó Blesa el origen de las tarjetas; a los cuatro exdirectivos que nunca las usaron, que fueron Francisco Verdú, Féliz Manuel Sánchez, Íñigo María Aldaz y Esteban Tejera, así como al director corporativo de Auditoría Interna de Bankia que destapó el escándalo, Iñaki Azaola.
También llamó para ese día en calidad de testigo al que fuera secretario del consejo, Enrique de la Torre, que sin embargo fue beneficiario de una visa a la que cargó 304.818,36 euros.
Según su resolución, “lo fundamental” es “dilucidar el concepto por el que emitieron y entregaron las tarjetas de crédito, tanto a los consejeros como a los directivos”, de ahí que distinga entre los administradores y los directivos.
Andreu considera que existen “serias dudas” sobre el carácter de los gastos originados por esas tarjetas, por lo que quiere aclarar es si se emitieron como gastos de representación o como complemento de retribución, supuestos que definirían los delitos de administración desleal o apropiación indebida.
Según explica en su auto, si se trataba de una tarjeta de empresa para hacer frente a los gastos de representación, no existe sin embargo soporte contractual, ni previsión estatutaria, ni decisión de los órganos de gobierno en tal sentido.
El juez recuerda, además, que se terminaron entregando este tipo de tarjetas a consejeros y directivos con unos fines completamente distintos a los previstos en los gastos de representación. Ello convirtió “su entrega en una remuneración irregular”, de forma que con un límite mensual según el cargo que ocupase su beneficiario, se podía disponer de su saldo libremente, sin necesidad de justificar el concepto por el que se disponía de cada tarjeta.
El juez Andreu ha tomado esta decisión apoyándose en la sentencia que hizo pública el martes el Tribunal Supremo, que tipificó como un delito de apropiación indebida el uso personal de las tarjetas de empresa.