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jueves | 25 abril | 2024
El Ministerio del Interior presentó a los partidos políticos un paquete de medidas legislativas con los que reforzar la lucha antiyihadista, entre ellas, un mayor control normativo sobre la distribución de bombonas de butano y sobre las empresas de alquiler de vehículos y viviendas vacacionales.
Unas iniciativas, once en total, que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, expuso a los representantes de los partidos que asistieron a la reunión del pacto antiyihadista: PSOE, PP, UPN, Ciudadanos, UPN, UPyD y Podemos, este último en calidad de observador, en tanto que ERC, PNV y PDeCAT (también observadores) rechazaron asistir y Foro Asturias y CC se excusaron.
A los presentes, Interior les avanzó las propuestas del departamento “en fase de conclusión” y que estarán en vigor durante el próximo año como un Real Decreto para que las empresas de alquiler de vehículos y hospedajes vacacionales estén obligadas a registrar a sus clientes en una base de datos. Interior también quiere reforzar algunos preceptos de la ley de Seguridad Ciudadana o impulsar medidas relativas al registro de Entidades Religiosas, aunque el titular de Interior precisó en qué sentido concreto irán los cambios legislativos.
Normativa
También se modificará t el reglamento de gases licuados de petróleo para mejorar el control de las bombonas de butano, habrá una nueva Ley General Penitenciaria y “algunas otras reformas” para dotar de mayor eficacia a las fuerzas de seguridad en su lucha contra el terrorismo.
El resto de medidas persiguen unificar la legislación española con la normativa europea en el combate del yihadismo. En este conjunto, Interior incluye el anteproyecto de ley para la trasmisión de datos de reserva de vuelos, a fin de que los servicios de información puedan detectar patrones de conducta compatibles con la amenaza terrorista o el reglamento de precursores de explosivos y drogas.
En materia de extranjería, el Ejecutivo está también trabajando en algunas reformas para adaptar nuestra norma a la de la UE, con el objetivo de evitar que se repitan situaciones como la que impidió la repatriación tras su paso por prisión del imán de Ripoll y cerebro de la célula que atentó en Cataluña.
