Hacienda pide que los alcaldes declaren por su acto en Bélgica

El Ministerio de Hacienda ha reclamado a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas que llame a declarar a los alcaldes que viajaron a Bruselas para apoyar a Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña, así como a varios europarlamentarios, dentro de la investigación que le solicita sobre quién pagó esos desplazamientos y cuánto costaron, porque sospecha que “no han sido sufragados por medios privados sino que en todo o en parte han podido emplearse fondos de carácter público”.
El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, denunció ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas estos hechos y le reclamó que se investigue una supuesta responsabilidad contable en el pago de ese viaje de 200 alcaldes que alguien tiene que asumir.
En el escrito, con fecha de ayer y al que ha tenido acceso Europa Press, Fernández de Moya se remite a diversas informaciones de prensa que apuntan a que el viaje costó varios miles de euros y que incluyen declaraciones de varios regidores asegurando que su ayuntamiento iba a pagar su parte. En concreto, Hacienda detalla que para este desplazamiento fue necesario pagar un vuelo que costó “al menos” unos 200 euros por persona y que el alquiler del centro cultural Bozar de Bruselas donde tuvo lugar el acto pudo oscilar entre los 7.000 y los 10.000 euros, a lo que se suma la manutención y el alquiler de otros medios de transporte.

Tres regidores
Para aclarar todo esto, Hacienda pide que se llame a declarar a los alcaldes si se considera necesario pero, sobre todo, que se cite a tres de ellos. Primero, Neus Lloveras, alcaldesa de Vilanova i la Geltrú y presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), para que facilite la lista de los alcaldes que realizaron la visita a Bruselas y sus eventuales acompañantes, el conjunto de actuaciones organizadas, su coste y la forma de financiación de los mismos.
Igualmente quieren que declare Meritxell Budó, alcaldesa de La Garriga, para que indique los gastos imputados al erario público, puesto que ella misma declaró que cargaba el viaje al consistorio porque lo realizaba en representación de la localidad.
También pide Hacienda que se cite al alcalde de Premiá de Mar, Miquel Buch, presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), para que ofrezca la misma información solicitada a Lloveras. Según se cita textualmente en la carta, Buch afirmó a propósito del viaje que cada alcalde había pagado su viaje, aunque no aclaró si fue a costa del consistorio o no.
También afirmó que el alquiler de la sala de Bozar para el evento con Puigdemont lo habían costeado varios eurodiputados, por lo que el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro plantea que se tome declaración a Ramón Tremosa, Josep Maria Terricabras y Jordi Solé para que lo aclaren.
Una vez que se tengan todos los datos, el Gobierno espera que se identifique a los responsables “de los daños causados al erario público autonómico o incluso estatal”, tanto a quienes manejaron los fondos públicos como a quienes tiene capacidad de decisión sobre los mismos, y que se les pida “la responsabilidad contable procedente”.

Medidas
Por otra parte, el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, manifestó que la organización de una fuerza militar catalana es algo tan “irrealizable” como la independencia de la región respecto a España, abogando por circunscribir toda actuación o propósito “al marco legal y estatutario”. Zoido reflexionó sobre las informaciones publicadas sobre los informes que habría planteado el gobierno autonómico de Carles Puigdemont acerca de la posible organización de una fuerza militar en Cataluña, después de una hipotética independencia respecto a España.
“Es algo irrealizable, como irrealizable era la independencia”, afirmó aludiendo a la sesión del Parlamento autonómico catalán saldada con la declaración unilateral de independencia de la región respecto a España.
En ese sentido, Zoido llamó a ceñir cualquier medida y actuación “al marco legal y estatutario”, defendiendo que tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, el cese del gobierno autonómico de Puigdemont y la convocatoria de nuevas elecciones en Cataluña, “la normalidad es absoluta” en la región catalana. l