Granados asegura ante el juez que González dirigía la caja B de Aguirre y Cifuentes la conocía

El exconsejero Francisco Granados afirmó ayer ante el juez que en las elecciones autonómicas de los años 2007 y 2011 se pagaron gastos de “refuerzo” de la campaña de Esperanza Aguirre con fondos de la Comunidad de Madrid, una “caja B” que comenzó dirigiendo Ignacio González y que conocía Cristina Cifuentes.
En su declaración a petición propia, el excabecilla de la trama corrupta “Púnica” atribuyó a Aguirre y González todas las decisiones que se tomaban en la Comunidad de Madrid y dijo que la actual presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, formaba parte del círculo de poder de González, según informaron varias fuentes presentes en su declaración.
A su salida de la Audiencia Nacional, Granados afirmó a los periodistas que “independientemente” de la campaña electoral del PP “perfectamente contabilizada y legal”, es “consciente” de que “ha habido una campaña paralela de refuerzo a la campaña de Aguirre” fuera del ámbito del partido. Esa estructura de refuerzo estuvo “en una primera fase a las órdenes de González y fue pagada a través de gastos de publicidad que se encargaban a empresas del ámbito de la Comunidad de Madrid”, dijo Granados, que estuvo en prisión más de dos años y medio por este caso.
Respecto a Cifuentes, de la que indicó que tenía una estrecha relación con González, dijo que cuando se celebraron esas campañas electorales financiadas de forma supuestamente irregular, ella era secretaria de Política territorial del PP madrileño y que conocía de estas prácticas.
Cristina Cifuentes, por su parte, al conocer las declaraciones de Granados, anunció que va a presentar “de inmediato” una querella criminal contra él por lo que considera “un cúmulo de falsedades y un grave atentado contra su honor y su imagen”.

Detalles
Granados, pese a las acusaciones, no entregó ningún documento para probarlas ni tampoco detalló la cantidad de dinero público que se usó extraoficialmente para ese “refuerzo” de campañas.
En concreto, explicó que cree que el dinero para pagar esa campaña de manera supuestamente irregular provenía fondos de publicidad del Canal de Isabel II y de la propia Comunidad de Madrid.
Sin embargo, Granados se desentendió de esa financiación paralela porque, aunque entonces era secretario general del partido, no ejercía como tal, y atribuyó a Aguirre y a González el control de todo lo que se hacía en la Comunidad de Madrid. Según Granados, no había nada en el partido ni en la comunidad que ambos no supiesen, y eran ellos los que nombraban a los altos cargos de la comunidad y los que controlaban los asuntos que se trataban en el Consejo de Gobierno. Destacó que no es cierto que fuera Aguirre quien, como ella misma dijo, destapara el caso “Gurtel”, sino que fue Mariano Rajoy, quien lo hizo al detectar irregularidades en dos adjudicaciones en los municipios madrileños de Arganda del Rey y Majadahonda.
Aguirre, dijo, le llamó y le dijo que Rajoy le había recomendado hablar con él porque era un hombre de pueblo, frente a Ignacio González, que era “un sinvergüenza”. Entonces, a él le encargaron que gestionara la adjudicación de Majadahonda, que no se llegó a conceder, y a González la de Arganda del Rey, una operación que sí se realizó porque, según la versión de Granados, González recibió comisiones en ella.
El exsecretario general del PP madrileño defendió que el dinero que tenía en Suiza, 1,6 millones, lo obtuvo de su actividad en la Bolsa cuando trabajaba en la entidad Crédit Lyonnais y que cuando traspasó esta cantidad a su exsocio David Marjaliza, este le cobró una comisión de 200.000 euros por la operación.