11º-16º
martes | 16 abril | 2024
El Consejo de Ministros solicitó ayer a su presidente, Mariano Rajoy, que impugne ante el Tribunal Constitucional tres leyes aprobadas por el Parlamento catalán, dos de ellas por un conflicto de competencias. Se trata de la ley grava las viviendas vacías, la de gobiernos locales y la ley de igualdad entre hombres y mujeres; y los recursos llevan aparejada la petición de su suspensión cautelar si son admitidas a trámite.
Según explicó el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Gobierno impugnará la ley que establece un impuesto a las viviendas vacías porque ese hecho imponible ya está gravado en el actual sistema de financiación de las haciendas locales, que prevé recargos de hasta el 50 por ciento en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Un nuevo tributo sobre el mismo hecho, ha dicho, incurre en “vicio de inconstitucionalidad”.
Las otras dos leyes afectadas, recurridas porque el Gobierno central estima que invaden sus competencias, son la Ley 16/2015 relacionada con la actividad de los gobiernos locales y la Ley 17/2015 orientada a la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Catalá remarcó que el Gobierno no tiene nada en contra del objetivo de esta última ley, pero tanto él como sus órganos asesores consideran que invade competencias estatales.
El ministro justificó estos recursos como “el ejercicio normal de las competencias de cada administración pública cuando considera que otra se ha extralimitado en sus competencias”. El Gobierno, dijo, ha impugnado 30 leyes catalanas, igual que la Generalitat ha impugnado casi medio centenar del Gobierno central.
LEY ANTIDESAHUCIOS
No ha sido recurrida sin embargo la ley catalana antidesahucios y contra la pobreza energética, que preocupa especialmente a la Generalitat. Ha sido porque, según recordó Catalá, antes de llegar a una impugnación existen mecanismos para alcanzar acuerdos, para los que aseguró que el Gobierno está dispuesto a trabajar con la mejor disposición.
Según explicó, el Gobierno ha tomado la decisión de impugnar las tres leyes catalanas ante el Tribunal Constitucional porque acababan ya los plazos legales que le permitían hacerlo. Todavía cuenta con margen para la ley antidesahucios, que está en la mesa de la comisión bilateral entre ambas administraciones –“que hace un análisis jurídico, no político”, puntualizó el ministro Rafael Catalá–. n
