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viernes | 19 abril | 2024
La Fiscalía pide 11 años de prisión para el expresidente de la Unión Patronal Metalúrgica (UPM) Antoni Marsal, acusado de adueñarse de 772.732 euros de la entidad entre los años 2007 y 2012, la mitad de ellos fondos públicos destinados a cursos de formación.
En su escrito de acusación, el ministerio público acusa a Marsal, al ex director general de la patronal del Metal Ángel Hermosilla y a la esposa de éste, así como a dos trabajadoras y a un asesor de la entidad, por los delitos de apropiación indebida y falsedad documental, al considerar que participaron en el entramado para el desvío de fondos.
Concretamente, para Antoni Marsal la Fiscalía reclama 11 años de prisión, 10 de inhabilitación y una multa de 16.500 euros, para Hermosilla una condena de nueve años y cuatro meses y, para los otros cuatro procesados, penas que oscilan entre los dos años y ocho meses y los cinco años y ocho meses.
El ministerio público sostiene en su escrito que, desde que accedió al cargo de presidente de la UPM, que no estaba remunerado, Antoni Marsal "puso un práctica un plan" con el que logró adueñarse de 772.773 euros, de los que 366.510 eran fondos públicos gestionados por la entidad, que de no utilizarse debían ser devueltos a la administración pública.
Según el ministerio público, una parte del desvío se materializó mediante facturas por servicios inexistentes que giraba a la Unión Patronal Metalúrgica una empresa dirigida y controlada por el propio Marsal, mecanismo con el que Hermosilla logró presuntamente apropiarse de otros 20.200 euros de la entidad.
Con el fin de "mantener su nivel de vida y de gasto" tras acceder a un cargo que no estaba remunerado, mantiene la Fiscalía, Marsal urdió un "plan para obtener dinero de la propia Patronal sin que tuvieran conocimiento de ello ni la Asamblea General ni la Junta Directiva".
De esa forma, el acusado decidió adueñarse de los fondos que la Patronal había obtenido en exceso y destinarlos a una sociedad suya, "y de manera indirecta a sí mismo en beneficio propio o de la empresa que dirigía y controlaba".
Paralelamente, Antoni Marsal se apropió presuntamente de otros 25.000 euros de la entidad, mediante una trasferencia de la que no informó ni a la Junta de Gobierno ni al Comité Ejecutivo de la Patronal.
Por otra parte, añade el fiscal, en el año 2009 Marsal concedió un aumento de sueldo hasta los 130.000 euros anuales al ex director general de la patronal, lo que suponía una subida de 20.000 euros que Hermosilla percibió mediante una factura a nombre de su esposa, la acusada Margarita S., en concepto de unos servicios formativos que esta no había prestado.
En mayo de 2012, la acusada Magdalena G., junto a otros empleados de la UPM, denunció las presuntas irregularidades ante la Junta de Gobierno de la entidad, por lo que esta presentó una querella contra su expresidente medio año después.
La principal actividad de la Unidad Patronal Metalúrgica y por la que obtenía financiación consistía en la gestión de cursos de formación dirigidos a sus miembros, aunque la entidad también se nutría de las cuotas que pagaban sus afiliados.
Las subvenciones supuestamente desviadas por el acusado procedían del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o del Servei d'Ocupació de Catalunya, motivo por el que tanto la Abogacía del Estado como la Generalitat ejercen la acusación contra Marsal, al que piden, respectivamente, 11 y tres años y medio de prisión.
Por su parte, la UPM, también acusación particular en la causa, pide una condena de doce años de cárcel para Marsal y de once años y medio para el ex director general de la entidad. EFE
