El exconsejero de Trabajo andaluz afirma que nunca hubo un ERE falso

El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández afirmó ayer que “nunca hubo un ERE falso” en esta comunidad y que los ciudadanos recibieron las ayudas sociolaborales acordadas dentro de la legalidad.
Antonio Fernández hizo estas manifestaciones a los periodistas a su salida del Tribunal Supremo, donde declaró durante unas dos horas ante el magistrado instructor del caso ERE Alberto Jorge Barreiro.
Fernández, que está imputado en la investigación del fraude con los ERE seguida en un juzgado de Sevilla, permaneció en prisión cuatro meses por orden de la juez Mercedes Alaya, que le atribuyó varios delitos, entre los que figuran prevaricación y malversación de fondos públicos y otros relacionados con un supuesto enriquecimiento ilícito.
Según fuentes jurídicas presentes en la comparecencia, las preguntas de juez y fiscal han tratado de aclarar si se introdujo un nuevo sistema para pagar ayudas sociolaborales desde 2001, año a partir del cual se habría articulado una estrategia defraudadora.
Fernández lo negó, apuntando a que el convenio marco que definió todas las ayudas era público y no recibió en ningún caso tachas contra su legalidad, según las fuentes.
En un momento de la declaración el fiscal le reprochó que “se iba por los cerros de Úbeda”, ante lo que el imputado se quejó al juez, quien al final de la declaración señaló que algunas de las afirmaciones de Fernández no le parecían compatibles con los datos que obran en la causa, ante lo que el declarante defendió su posición.
“Frente a la afirmación de que en Andalucía había eres falsos, la he desmentido totalmente. En Andalucía nunca hubo un ERE falso. Nunca en la vida y además está probado”, señaló a los periodistas Fernández.
Además, dijo a la prensa que “de las ayudas sociolaborales que se dieron a los trabajadores, todas se cobraron, se están pagando y se pagarán en el futuro. Aproximadamente, el 99% goza de legalidad absoluta”.
“El procedimiento que se ha llevado a cabo nunca fue tachado o cuestionado como ilegal y siempre contó en su tramitación con los informes correspondientes. Nada que aparentemente es ilegal dura en la Administración diez años”, dijo.