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miércoles | 24 abril | 2024
Un informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa publicado ayer advierte a España de que todavía debe aplicar nueve de las quince recomendaciones emitidas por el organismo para luchar contra la corrupción.
Además, España debe “adoptar medidas urgentes” ante “los numerosos escándalos relacionados con la financiación irregular de partidos” registrados en los últimos años, según el documento. Así se desprende de los diferentes estudios efectuados por este organismo en España entre 2009 y 2013 sobre incriminaciones y transparencia de la financiación de partidos, cuando el organismo emitió 15 recomendaciones a España.
Adoptar medidas para atajar esos escándalos es “capital” para la “credibilidad y eficacia del sistema”, indica.
Al tiempo, el Greco se felicita por los cambios positivos que en este terreno introduce el proyecto de ley sobre la actividad económica de los partidos políticos. El grupo del Consejo de Europa muestra una “gran preocupación” por el elevado endeudamiento de los partidos y “su vulnerabilidad potencial frente a las instituciones de crédito”.
Sin embargo, cree que España ha hecho avances en materia de incriminaciones en los casos de corrupción. En materia de transparencia de la financiación de partidos, no se han aplicado las medidas preconizadas sobre la garantía de que los préstamos a los partidos no sirvan para sortear la ley de financiación y reforzar la transparencia de ingresos y gastos a nivel local.
Siguen pendientes también la garantía de que las informaciones públicas sean coherentes, reforzar el sistema de auditoría interna de los partidos y sancionar de manera eficaz, proporcionada y disuasoria las infracciones relativas a la financiación de partidos. Además, España debe progresar en la incriminación de agentes públicos extranjeros, jurados y árbitros y en el sector privado, siguiendo las recomendaciones del Greco.
El informe también pide avances en el combate del tráfico de influencias activo por parte de parlamentarios, jueces y otros agentes públicos extranjeros.
Las autoridades españolas deben remitir antes del próximo 15 de julio los avances registrados en las recomendaciones pendientes de aplicar.
España es miembro fundador del Greco, organismo creado en 1999 a instancias del Consejo de Europa para examinar las legislaciones nacionales contra la corrupción, al que pertenecen los 47 estados miembros más EEUU y Bielorrusia.
