Los empresarios gallegos muestran su oposición radical al referéndum

Las confederaciones empresariales gallegas mostraron ayer su posición “radicalmente en contra” del referéndum “ilegal” de Cataluña y de “cualquier solución que suponga incrementar las diferencias entre regiones, aumentando la desigualdad y la pobreza del conjunto del país”.

Consideran que la actual situación de Cataluña perjudica gravemente no solo a este territorio, sino al conjunto de España y muy especialmente al desarrollo social y económico del país y de su tejido productivo. Recordaron que cualquier mejoría de la actividad económica necesita de seguridad jurídica y estabilidad, y que “la historia muestra que a mayor unión y tamaño, mayor fuerza y desarrollo socioeconómico”.

Además, reivindicaron su apoyo “total” a la legalidad vigente, dentro del marco constitucional, y a la actual configuración del estado de las autonomías en España, que, según aseguran “ha permitido varias décadas de paz y prosperidad al país, con respeto a las diferencias regionales, posibilitando el desarrollo de estas con cuidado de sus especiales cualidades culturales y sociales”.

Diálogo
Apuestan por “el diálogo y la búsqueda de soluciones consensuadas”, sin que esto suponga más privilegios para unas regiones en detrimento de otras, aclaran. En su opinión, la historia en común de los territorios que conforman España es más larga y fructífera que las eventuales diferencias que algunos esgrimen como insalvables para impulsar una definitiva fractura. Los empresarios gallegos insistieron en rechazar cualquier solución que suponga incrementar las diferencias entre regiones, aumentando con ella la desigualdad y la pobreza del conjunto del país.

Las organizaciones reiteraron, de acuerdo con lo ya manifestado con anterioridad por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), que los empresarios “tienen que estar y están con la legalidad y por el cumplimiento estricto de las leyes y la Constitución española, así como la legislación internacional, especialmente de la Unión Europea”.
“Son las mejores garantías de la seguridad jurídica, imprescindible para la competitividad de nuestras empresas”, añadieron las confederaciones.

Por último, los empresarios concluyeron su comunicado manifestando su apoyo a “todas las acciones que se consideren necesarias con el objetivo de hacer cumplir la legalidad vigente, todo esto sin detrimento de la apertura de un necesario período de diálogo y acuerdo”.