Díaz reprocha al Gobierno que no paralizara los cursos de formación

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, reprochó al Gobierno central que no paralizara los cursos de formación después de que la ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Báñez, detectara las “deficiencias” del sistema y defendiera que era necesario una nueva norma para subsanarlas, unas deficiencias que también, apuntó, señalaron el Tribunal de Cuentas.
En su comparecencia ante la comisión de investigación del Parlamento andaluz sobre el presunto fraude en la formación, Díaz manifestó que han sido “dos años complicados en el conjunto del Estado” para la formación y criticó que la ministra del ramo “no haya llamado a los gobiernos que sufrían dificultades” con la formación, que les hubiera reunido para analizar las deficiencias del sistema y que el Gobierno de España “hubiera paralizado y modificado la norma”.
Asimismo, la jefa del Gobierno andaluz lamentó que la ministra del ramo no acudiera a la comisión de investigación del Parlamento andaluz, pues hubiera sido “fantástico” que hubiera explicado a los andaluces estos extremos relacionados con la normativa estatal.
Entretanto, Susana Díaz también informó en otro momento de su comparecencia de que de los 90 millones que el Gobierno andaluz ha reclamado en firme por ayudas a la formación, “un millón ya se ha abonado en voluntaria y dos millones en ejecutiva en el mes de marzo”, por lo que entiende que ya en el mes de mayo las cantidades serán mayores. Más concretamente, Susana Díaz afirmó que decidió mantener la paralización de las ayudas a la formación para tener la certeza de “si el procedimiento ha podido tener alguna fuga”, que fue una medida “contundente” y no “tibia”, y que gracias a eso no ocurre lo que le pasó a Báñez, quien, como relató, intentó impedir pagos al exconsejero y empresario Ángel Ojeda.
Susana Díaz explicó que Fátima Báñez pidió informes a los servicios jurídicos del Ministerio de Empleo “para evitar conceder subvenciones a ese señor, y le dijeron que no podía impedirlo porque en la gestión de lo público no cabe la discrecionalidad”.
Si esto lo hubiera hecho el Gobierno andaluz “no me imagino lo que hubiera tenido que escuchar y hasta donde hubiéramos llegado”, declaró la presidenta de la Junta.
Por otro lado, Díaz leyó ante la comisión de investigación la vida laboral de su marido, José María Moriche, y también enseñó las nóminas de los ocho años en los que este trabajó en el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), después de que el PP-A le haya vinculado con un expediente de ayudas a la formación concedidas a UGT, con resolución de reintegro por importe de 12 millones.
Susana Díaz y la diputada del PP-A Teresa Ruiz-Sillero protagonizaron un tenso debate en el seno de la comisión de investigación, que se encendía con la pregunta de la popular sobre “cuánto dinero de la formación” había entrado en la casa de la presidenta de la Junta, a lo que esta respondía que las nóminas de su marido oscilaban entre los 700 y los 1.200 euros. “Me he casado con un tieso”, bromeó.