10º-19º
sábado | 20 abril | 2024
La cúpula del Ministerio Fiscal apoyó ayer al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en su decisión de presentar querella por el 9-N, pero mantuvo posturas distintas en torno a los cargos públicos que deben ser acusados y los delitos que se les deben atribuir.
Según informaron fuentes fiscales, el apoyo a Torres-Dulce fue casi unánime en lo relativo a que hay que presentar una querella por el proceso participativo del 9-N, pero se mantuvieron “discrepancias técnicas” en cuanto a la forma de presentación de la querella, es decir, las personas contra las que debe dirigirse y los delitos de los que son acusados.
Los fiscales con mayor categoría de la carrera fiscal sostuvieron tres posturas distintas: los que apoyan la querella de Torres-Dulce en todos sus términos, los que creen que solo debe ir contra Mas y su vicepresidenta Joana Ortega, y los que sostienen que debe ser dirigida únicamente contra el presidente catalán.
Solo uno de los 22 fiscales de sala asistentes a la reunión, Bartolomé Vargas, encargado de los delitos de Seguridad Vial, disintió del criterio unánime de que había que presentar querella por una simple explicación: ya hay abiertos en Cataluña diversos procedimientos judiciales y sería suficiente con que el fiscal presentara su correspondiente informe.
Tras recibir el aval de la Junta de Fiscales de Sala, la Fiscalía General del Estado anunció que presentará en los próximos días una querella por la consulta soberanista del 9-N “con las precisiones de carácter técnico realizadas durante la reunión”.
Una de las tres posturas desplegadas por los fiscales de sala en la reunión es la que coincidió en todo con el fiscal general del Estado: la querella debe ser dirigida contra Mas, Ortega y la consejera de Educación, Irene Rigau, por los delitos de prevaricación, malversación, usurpación de funciones y desobediencia.
proceso
Estas personas y los delitos son básicamente los que ya figuraban en el primer borrador de la querella que la Fiscalía General del Estado mandó a la catalana al día siguiente del proceso participativo para su interposición inmediata, lo que no se produjo por la oposición de los fiscales de Cataluña.
Otro grupo de fiscales sostuvo, en cambio, que la querella deber ir dirigida solo contra Mas y solo por un delito de desobediencia. No obstante, los de este grupo sostuvieron que como mucho se le podía añadir también el delito de prevaricación.
Según estos fiscales de sala, no se debe presentar la querella contra la vicepresidenta Joana Ortega porque “no hay hechos concretos para imputarle un delito”, de acuerdo con las fuentes consultadas.
También opinaron que presentar una acusación contra Mas por más de uno o dos delitos podría ser contraproducente y abriría más posibilidades a que la querella sea rechazada en su conjunto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Un tercer grupo de fiscales, en cambio, opinó que la querella debe ir dirigida tanto contra el presidente Mas como contra su vicepresidenta Joana Ortega.
A lo largo de la reunión de la Junta de Fiscales, algunos de los asistentes opinaron que el fiscal general no debería contemplar en su querella el delito de malversación de caudales públicos porque este asunto ya es objeto de investigación por parte de la Fiscalía de Cataluña.
De forma unánime, los fiscales manifestaron su “perplejidad” por el tratamiento que los medios de comunicación han dado a las discrepancias habidas entre la Fiscalía Superior de Cataluña y la Fiscalía General en torno a la presentación de la querella.
