Crespo pide que se suspenda el juicio del caso “Gurtel” hasta que se tramite su recusación

El extesorero del PP, Luis Bárcenas, se adhirió a la recusación formulada por el exsecretario de Organización del PP gallego, Pablo Crespo, contra el magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, encargado de juzgarle, por su amistad “reconocida y proclamada” con Baltasar Garzón, quien fue expulsado de la carrera judicial por las escuchas ilegales acometidas en la causa.
Según confirmaron fuentes jurídicas, el que fuera senador “popular” comparte los argumentos de Crespo para defender que el juez no debe juzgarles a partir del próximo martes en la vista oral sobre la primera época de la trama “Gürtel”. 
Por su parte, Crespo presentó ayer su escrito de alegaciones en el que solicita que “a escasos seis días del inicio del juicio” no existe tiempo material para tramitar la recusación y resolverla de forma adecuada por lo que pide “la suspensión de los señalamientos relativos a la suspensión de la vista oral”. 

amistad con garzón
Crespo se muestra contrario a que el magistrado de la Audiencia Nacional sea uno de los encargados de juzgarle por su implicación en la trama liderada por Francisco Correa debido al vínculo de amistad que le une con Baltasar Garzón, que destapó en 2009 la trama y que acabó siendo inhabilitado del cargo por el Supremo tras una querella presentada por el propio Crespo.
La defensa del considerado como número dos de la trama indica que, pese a la sentencia firme del alto tribunal por la que apartó a Garzón de la carrera judicial, De Prada manifestó que para él, el magistrado sigue y seguirá siendo juez “hasta que decida dejar de serlo” y que vivió “de forma muy intensa y cercana” el procedimiento seguido contra su persona.
Además, la representación procesal de Crespo basa la recusación en la existencia de una “enemistad manifiesta” por parte del magistrado de la Audiencia contra el investigado precisamente por la interposición de la querella contra Garzón, condenado a 11 años de inhabilitación en 2012.
La sentencia en la que se condena al exjuez señala que el exmagistrado de la Audiencia Nacional vulneró de forma “drástica e injustificada” el derecho de defensa de sus investigados.