Condenan a CDC por cobrar 6,6 millones de comisiones en el expolio del Palau

Condenan a CDC por cobrar 6,6 millones de comisiones en el expolio del Palau
Félix Millet llega a la Ciudad de la Justicia para asistir al juicio por el expolio del Palau | aec

La Audiencia de Barcelona condenó a cuatro años y cinco meses de cárcel al extesorero de CDC Daniel Osácar por los 6,6 millones de comisiones ilegales que la formación cobró, a través del expoliado Palau de la Música, a cambio de asegurar a Ferrovial un “flujo constante” de obra pública.
Casi nueve años después de que estallara el escándalo por el desfalco del Palau, uno de los bastiones culturales de la burguesía catalana, la Audiencia condenó a nueve años y ocho meses de cárcel a Félix Millet, al concluir que saqueó la institución en beneficio propio, desviando los fondos públicos y privados de que se nutría para todo tipo de gastos domésticos, viajes y hasta las bodas de sus hijas.

Jordi y Gemma Montull
A Jordi Montull, que fue su mano derecha, la sala le impuso siete años y seis meses de cárcel, y otros cuatro y medio a su hija Gemma, ex directora financiera de la entidad, a la que la sentencia ha supuesto un mazazo, dado que confiaba que su condena no superara los tres años de prisión –uno de ellos sustituible por multa, lo que le permitía eludir la cárcel– que pactó con la Fiscalía a cambio de incriminar a CDC en la trama corrupta.
En una sentencia que el propio expresidente de CDC Artur Mas no ha dudado en calificar de “dura”, la Audiencia cree probado que, mientras eran expoliadas, las cuentas del Palau de la Música sirvieron de “puente” para que la constructora Ferrovial pagara comisiones ilegales de hasta el 4%, que CDC se repartía con los exresponsables de la entidad en una proporción del 2,5 y el 1,5%.
A cambio de esas mordidas, sostiene el tribunal, los extesoreros de CDC Daniel Osácar y Carles Torrent, fallecido en 2005, utilizaban su posición política, “por sí solos o con el apoyo de otros altos responsables del partido no identificados”, para lograr que los órganos que decidían en materia de obra pública “generasen un flujo” de adjudicaciones a Ferrovial.
En consecuencia, la Audiencia ordena el decomiso de los 6,6 millones de euros cobrados por CDC, que sigue con quince de sus sedes embargada como fianza por su responsabilidad en el desfalco, aunque pospone a la fase de ejecución de la sentencia –una vez sea firme– la decisión sobre si es el PDeCat quien debe pagar.

La línea 9 del metro o las obras de la Ciudad de la Justicia son algunas de las grandes obras que el tribunal cree se adjudicaron a Ferrovial, mediante concursos en que el resultado final se “cocinó” para beneficiar a la constructora por el pago de comisiones, en un “acuerdo criminal” que se mantuvo “ininterrumpidamente” desde 1999 hasta que los Mossos entraron en el Palau en 2009.
Según el tribunal, en un inicio las comisiones se hacían llegar a CDC mediante entregas en efectivo al extesorero del partido, pero con la entrada de Gemma Montull al Palau el sistema se “sofisticó” y los pagos se enmascararon a través de convenios mendaces de colaboración cultural con la Fundación Trias Fargas.

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