Condenan a tres años de cárcel a Munar por el soborno de cuatro millones de Can Domenge

La Audiencia Provincial de Baleares condenó a tres años de cárcel y al pago de seis millones de euros a la expresidenta del Consell de Mallorca y del Parlament Maria Antònia Munar por haber cobrado dos millones del soborno que la empresa Sacresa pagó a varios exaltos cargos de Unió Mallorquina (UM) a cambio de la adjudicación de los terrenos palmesanos de Can Domenge. La dádiva ascendía a un total de cuatro millones. 
En concreto, sobre la exdirigente de UM pesa un delito de cohecho pasivo, atendiendo al veredicto de culpabilidad que emitió el jurado que la juzgó a finales de septiembre. 
La sentencia acuerda la aplicación de ninguna atenuante para la encausada, que reclamaba las de confesión, reparación del daño y dilaciones indebidas. La Fiscalía pedía cuatro años de cárcel para ella.
Por su parte, el exvicepresidente del Consell Miquel Nadal fue condenado a un año y diez meses de prisión y al pago de una multa de tres millones; el exconseller insular Bartomeu Vicens a un año y medio y a una multa de dos millones; el intermediario en el pago del soborno, Miquel Llinás, a ocho meses de prisión y el propietario de Sacresa, Ramón Sanahuja, a nueve meses.
La sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). Asimismo, acuerda el comiso de cuatro millones de euros respecto a Munar, Nadal y Vicens, destinándose a tal fin las cantidades ya consignadas en el procedimiento.
La magistrada que presidió el jurado asevera en la resolución que no sólo hay un reconocimiento de los hechos por parte de los acusados (un día antes del juicio en el caso de Munar), sino que además éstos coinciden en el tiempo con las extracciones que, por ese importe, si hicieron de las cuentas de Sacresa.
Respecto a Munar, alega que si se considera acreditado que la acusada recibió dos millones de euros (una parte mayor que el resto) es porque el jurado no sólo se ha basado en la afirmación que al respecto realizó Vicens, sino también “por la posición de control y supervisión de todo el concurso de Can Domenge ostentada y realizada por la señora Munar.
La expresidenta de la extinta UM (la formación se disolvió en febrero de 2011 acuciada por los numerosos casos de corrupción que pesan a sus espaldas) solicitaba inicialmente su libre absolución al negar haber cobrado soborno alguno como condición para adjudicar los terrenos, un supuesto pago del que aseguraba que fue “completamente ajena”. 
Tal y como confesaron todos los acusados, Munar, Nadal y Vicens se pusieron de acuerdo entre sí y, “aprovechando su situación de poder” al frente de la Institución supramunicipal, exigieron a Sacresa la entrega de cuatro millones de euros para que esta promotora pudiera tener garantizada la adjudicación del concurso.
Tal y como consideraron probado los jurados, los tres altos cargos, quienes además integraban entonces la cúpula de UM, reclamaron que la empresa les pagara dos millones de euros antes de la adjudicación y otros dos millones antes de la firma definitiva del contrato. 
Sanahúja, como responsable de Sacresa, “cedió a las exigencias” para poder hacerse con el expediente y realizó las gestiones oportunas. n