Bárcenas pide la anulación de la apertura de juicio por la caja B y que se expulse a IU de la causa

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha pedido la nulidad de la apertura de juicio de la causa surgida de los llamados papeles de Bárcenas, alegando indefensión por haber permitido a IU la presentación de su escrito de acusación fuera de plazo, por lo que reclama que se aparte a este partido del procedimiento.
En un escrito de 42 folios, su defensa lamenta también que en ese auto el nuevo juez instructor José de la Mata incorpore el relato de los hechos que hizo esta acusación y advierte de que el cambio de magistrado “no puede romper la unidad de criterio ni la unidad de actuación, por cuanto que ello conduciría a la inseguridad jurídica de las partes”.
Por todo ello, sus abogados Francisco Maroto y José Fernando Lozano, antes de presentar el escrito de defensa, han optado por interponer un incidente de nulidad al auto de apertura de juicio oral, dictado el pasado 28 de mayo para Bárcenas y otros cinco imputados en relación a la caja B del PP y a las obras de reforma de su sede.
La defensa del extesorero denuncia que la acusación que aglutina a IU y a otras asociaciones, precursora de la querella que llevó a la apertura de esta causa, “han dispuesto de un plazo extra concedido por el Juzgado Central de Instrucción en el Auto de 30 de abril, un plazo superado pese a haber contado con 3 días festivos más al hábil otorgado, lo que debe conducir inexorablemente a tener por precluido el plazo para formular escrito de acusación con el consiguiente apartamiento de la citada acusación popular”.
Según recuerdan, el actual instructor, José de la Mata, dio un plazo de un día a esa acusación para subsanar los defectos observados en su escrito, principalmente el pedir 15 años y siete meses de cárcel para el exsecretario general del PP Ángel Acebes cuando éste ya no estaba imputado.
IU sin embargo sobrepasó el plazo para entregar ese nuevo escrito de acusación sin que el juzgado se lo recriminara, lo que a juicio de los abogados supone “una vulneración del derecho de tutela judicial y, en consecuencia del derecho de defensa de mi patrocinado toda vez que la admisión de los escritos de acusación sin llevar a cabo un mero control de plazos y contenido, conlleva a permitir el exceso de las acusaciones populares en perjuicio de los derechos fundamentales”.