La Audiencia Nacional condena a dos años de cárcel a Granados por el “chivatazo”

Granados, el día que abandonó la cárcel de Estremera | aec

La Audiencia Nacional condenó a dos años de cárcel al exconsejero madrileño Francisco Granados y al guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino y a un año y seis meses al agente en excedencia

La Audiencia Nacional condenó a dos años de cárcel al exconsejero madrileño Francisco Granados y al guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino y a un año y seis meses al agente en excedencia José Luis Caro Vinagre por el “chivatazo” que dio el primero al político de que se le estaba investigando al entender que esta revelación produjo “un intenso” daño a la investigación vigente en el marco de la trama “Púnica”.
En la sentencia, que cuenta con voto particular del magistrado Nicolás Poveda, los magistrados de la Sección Primera condenan a Granados y a Caro Vinagre como autores de un delito agravado de aprovechamiento de secreto y a Talamino por uno de violación de secreto agravado. Además, a este último se le impone una pena de cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
El delito, respecto a Talamino, se consumó precisamente porque la información confidencial llegó al investigado y cerebro de la trama “Púnica”, David Marjaliza mientras que en el caso de Granados y de Caro, tuvieron además ventajas de la revelación del secreto, según los magistrados. En concreto, el soplo permitió que el exconsejero madrileño pudiera ocultar un millón de euros en el altillo de la vivienda de sus suegros como luego se comprobó en los registros judiciales.
Mientras, el exconsejero madrileño recurrirá ante el Supremo su primera condena por el caso “Púnica” alegando la nulidad de las escuchas al no figurar el delito de revelación de secretos en el auto que las autorizó. El abogado de Granados, Javier Vasallo, que, de no darle la razón el alto tribunal, está dispuesto a llegar al Constitucional y al de Estrasburgo con este caso, invocará en su recurso jurisprudencia del Tribunal Supremo a este respecto.
Fundamentalmente, la referida al caso “Naseiro”, que anuló las escuchas de las que se desprendía una presunta financiación ilegal del Partido Popular por haber sido autorizadas para investigar otro delito.