Anticorrupción se opone al ingreso en prisión y la retirada del pasaporte a Rato

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la celebración de una vista de medidas cautelares para decidir el ingreso en prisión del expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, así como que se le retire el pasaporte o se le prohíba abandonar el territorio nacional.
Así respondió ayer el fiscal Alejandro Luzón a las peticiones que varias acusaciones personadas en el caso que instruye el juez Fernando Andreu sobre presuntas irregularidades en la fusión y salida a bolsa de la entidad para la adopción de estas medidas, pues “nada ha cambiado” en el procedimiento para ello.
El fiscal tampoco ve necesario, según el escrito que presentó ayer en el juzgado, requerir al servicio de inteligencia financiera, el Sepblac, un informe sobre la situación de las pesquisas que abrió para investigar si Rato pudo blanquear capitales, tal y como pidió UPyD.
También solicitaba un informe la Policía Judicial sobre la situación patrimonial, incluyendo todos sus bienes, sociedades y cuentas existentes en el extranjero, extremos sobre los que tendrá que pronunciarse también la Fiscalía Especial.
En todo caso, el fiscal emplaza a las acusaciones a hacer estas solicitudes en la causa abierta en el juzgado de instrucción número 31 de Madrid, encargado de investigar al exvicepresidente del Gobierno por cinco delitos fiscales, blanqueo y alzamiento de bienes, pero no en el “caso Bankia”.
Y ello porque, considera, que en este procedimiento no han surgido nuevos indicios que justifiquen unas medidas de este calibre, y que ya rechazó el propio Andreu en diciembre pasado cuando UPyD le reclamó encarcelar de forma provisional al exbanquero.
El juez estimó que, a pesar de contar ya con la pericial judicial que cuestionaba las cuentas de la salida a bolsa de Bankia, ello “no puede amparar la adopción de una medida tan excepcional” al no concurrir los requisitos para esto, como son “datos objetivos que puedan justificar la existencia de riesgo de fuga, ni de obstrucción a la acción de la Justicia ni de reiteración delictiva”.
La decisión del magistrado fue posteriormente confirmada por la sala de lo penal, que señaló que los “indicios delictivos existentes” contra Rato por el “caso Bankia” no justifican una medida “tan gravosa” como la de su ingreso en prisión provisional, más aún cuando “no ha llevado a cabo intento de fuga alguno”.

Bienes
Por otra parte, la Fiscalía de Madrid pidió en su denuncia contra el exvicepresidente del Gobierno que declarara ante el juez y que en el Registro de la Propiedad constara la investigación que pesa sobre él por esos cinco delitos fiscales, blanqueo y alzamiento para tratar así de que venda sus bienes.
Fuentes jurídicas explicaron que la Fiscalía reclamó al juez Enrique de la Hoz, que se encontraba en funciones de guardia la semana pasada, que se incluyeran asientos registrales sobre las propiedades del exdirector gerente del FMI para que figurara la investigación.
Sin embargo, el magistrado, que sí ordenó los registros en el domicilio y el despacho del expresidente de Bankia, consideró que los anotaciones en el Registro y su declaración no revestían carácter de urgencia y correspondía acordarlas al juez sobre el que recayó la denuncia, el titular del juzgado de instrucción número 31, Antonio Serrano-Artal.
Todo ello antes de que la Fiscalía Anticorrupción se hiciera con la investigación a Rato el pasado lunes y de que Serrano-Artal se inhibiera ese mismo día en favor de Andreu al apreciar conexión con el “caso Bankia”.
Sin embargo, ayer Anticorrupción recurrió la inhibición del juez de Madrid por no apreciar este vínculo y porque el caso en el que Andreu investiga presuntas irregularidades en la fusión y salida a bolsa devendría “inmanejable”. Además, la fiscal Elena Lorente señalaba que aún no está “mínimamente aquilatado” que el exministro blanquease dinero en el extranjero para atribuir esta investigación, aún muy “incipiente”, a la Audiencia Nacional.
No obstante, no descartaba que del avance de la instrucción “pueda determinarse la existencia de un delito que sea competencia de los Juzgados Centrales de Instrucción”.
El recurso de Anticorrupción ante la Audiencia Provincial de Madrid no es suspensivo, por lo que el juez de instrucción número 31 de Madrid continuará tramitando el procedimiento hasta que se resuelva y tendrá que decidir sobre las nuevas diligencias que le pidió el miércoles el Ministerio Público.