Alaya afirma que UGT y CCOO cobraron 7,6 millones sin prestar “ningún servicio”

Los sindicatos UGT y CCOO cobraron entre 2001 y 2009 un total de 7,6 millones de euros de dos aseguradoras implicadas en los ERE fraudulentos de Andalucía pese a que “no prestaron ningún servicio efectivo”, según la exposición razonada elevada por la juez Mercedes Alaya al Tribunal Supremo.
Afirma que las mediadoras, con las sobrecomisiones que cobraban en cada ERE, pagaban a los sindicatos, de modo que estos “con dicha retribución facilitaban la culminación normalizada de los mismos, a pesar de ser entidades sin ánimo de lucro cuya esencia es la defensa del derecho de los trabajadores y la negociación colectiva”.
Los sindicatos, dice Alaya, “no prestaban ningún servicio efectivo” a los mediadores pero, según un informe de la Guardia Civil, entre 2001 y 2009 habrían recibido retribuciones por parte de las aseguradoras Vitalia y Uniter por importe de 7.648.815 euros. Los sindicatos emitían facturas a las mediadoras por servicios no prestados y se limitaban, según la exposición razonada, “a revisar los cálculos actuariales” realizados por las agencias, sin que estas lo precisaran.
Una veintena de sindicalistas de UGT y CCOO se encuentran entre los 201 imputados por los ERE, encabezados por José Luis Montesinos, secretario general de Fiteqa-CCOO, y un exsecretario general andaluz, Francisco Fernández Sevilla, de UGT-A.
La juez instructora mantiene que los sindicatos cobraban entre el 1 y el 1,5% de la prima del seguro, “porcentaje muy sustancioso dado el elevado coste de los seguros, y que inclinaría la balanza hacia una u otra mediadora”. Según un informe de la Agencia Tributaria, “existen datos suficientes para concluir que el pago a los sindicatos existió en la época de José Antonio Viera como consejero de Empleo”, dice Alaya en referencia a uno de los siete exconsejeros andaluces aforados que ha motivado la elevación del caso al Supremo.
Alaya afirma que “el pago a los sindicatos era indiciariamente de público y notorio conocimiento de la Consejería de Empleo” debido al contacto tan estrecho que mantenían y que el pago de sobrecomisiones “sería conocido y autorizado por los máximos responsables del gobierno autonómico”.