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viernes | 19 abril | 2024
La Xunta defiende la venta de Banco Popular a Santander como “la solución menos mala para el interés general”, si bien considera que “no fue una buena noticia para España ni para Galicia”, en especial para los accionistas y la marca Pastor.
En respuesta a una pregunta del BNG en la Comisión de Economía del Parlamento gallego, el director xeral de Política Financieira e Tesouro, David Cabañó, remarcó que la “situación de deterioro” de Popular que llevó a su compra por el Santander “no se produce de un día para otro”.
Sobre este extremo, cree que el proceso que dio lugar a la venta de Popular por falta de liquidez “deja muchas dudas que es necesario aclarar” y que “deberían investigarse por quien corresponda”. Así, apuntó que hay “dudas que deben ser clarificadas en cuanto a la situación de la entidad”, pues “era conocida su necesidad de capital”, que fue “detectada en 2012”, “por lo que cabe preguntarse por qué no se actuó antes”. Junto a “dudas” en lo que respecta a la “eficacia” de los test de estrés para medir la situación de una entidad.
También mostró sus reticencias hacia “el propio proceso de resolución”, pues “existen determinadas cuestiones que sería conveniente aclarar” como el informe independiente que valora la entidad, el cual “debería garantizar una valoración prudente y realista de los activos y pasivos”.
Ampliaciones de capital
Asimismo, hizo hincapié en las “determinadas manifestaciones que provocaron una sensación de inquietud en los últimos meses”. “Y dudas sobre las últimas ampliaciones de capital. Si lo suscriptores contaron con una información clara, nítida y precisa”, agregó. En su intervención, puso el foco sobre las decisiones tomadas en los últimos años por Popular como su “elevada exposición inmobiliaria”.
Todo ello, hasta quedar dos opciones: o bien liquidación del banco, con quiebra y pérdidas para depositantes, o venta a una entidad privada que pueda asumir sus activos problemáticos.
Por tal motivo, valora que se optase por la opción “sin coste para los contribuyentes”, ni para depositantes y ahorradores, “más allá de los ajustes” que se producirán en el empleo por duplicidades de oficinas y el marco de “incertidumbre” que se abre ahora.
Mientras, el Congreso rechazó la proposición no de ley registrada por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en la que exigía al Gobierno la adopción de las medidas necesarias para evitar despidos y el cierre de oficinas en municipios y áreas urbanas con “insuficiencia de servicios bancarios” tras la absorción de Banco Popular por Santander. Así, el PP, Ciudadanos, PNV y PDeCAT tumbaron esta iniciativa en la comisión de Economía, Industria y Competitividad de la Cámara Baja, en la que no bastó el respaldo del PSOE, Esquerra Republicana y Nueva Canarias, además del grupo proponente.
Por otro lado, la comisión de investigación del Congreso sobre el rescate financiero, la crisis y las cajas de ahorro se reúne hoy con intención de aprobar su plan de trabajo para los próximos meses, fijar la fecha de sus primeros comparecientes nacionales y elaborar un listado de los expertos internacionales a los que pretende citar a partir del receso estival. Hoy se fijará ya la fecha de los dos primeros comparecientes: el actual gobernador del Banco de España, Luis María Linde, y el supervisor en tiempos de José María Aznar, Jaime Caruana.
