La UE defiende que la resolución del Popular protegió a los clientes

La presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR, el organismo de la UE encargado de las crisis bancarias), Elke Konig, defendió ayer que la resolución del Banco Popular el pasado mes de junio y su posterior venta al Santander permitió evitar “riesgos” para la estabilidad financiera y proteger a los clientes de la entidad.
“La JUR, junto con el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y el Banco de Portugal decidió que, dada la situación, la herramienta de venta del negocio era la más efectiva para alcanzar los objetivos de la resolución y evitar riesgos para estabilidad financiera”, dijo la máxima responsable de la JUR en su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas.

Konig defendió que la JUR tenía dos opciones en relación con el Popular: resolver el banco o dejar que entrase en procedimiento concursal. Con la primera de ellas, la que finalmente se decidió, se evitó que el Popular perdiera su licencia bancaria, con lo que la entidad pudo continuar con sus actividades bancarias “a la mañana siguiente”. En caso contrario, habría afectado a grandes empresas y pymes, apuntó.
Insistió en que el Popular era inviable en la noche del 6 de junio porque había experimentado salidas masivas de fondos en las semanas previas.
Konig defendió que la decisión de la JUR permitió proteger a los depositantes y a los clientes del banco “sin utilizar ninguna ayuda estatal” y ni “los fondos de los contribuyentes”. Además, apuntó que “no hubo condiciones” para la venta del Popular al Santander, que “lo heredó todo”.
Asimismo, Elke Konig afirmó que el organismo publicará a principios de 2018 un tercer informe sobre la resolución del Popular, realizado a posteriori, que determinará si es necesario compensar a los accionistas afectados.
Los grupos políticos presentes en la comisión ayer achacaron a la presidenta de la JUR falta de transparencia en el proceso debido a la negativa del organismo de proporcionar al Congreso el informe en virtud del cual se adoptó la resolución del Popular.
En cuanto a las próximas comparecencias en esta comisión, el portavoz de los preferentistas de Santiago, Xesús Domínguez, y el sindicalista de la CIG Clodomiro Montero están citados el 16 de enero. Asimismo, la comisión acordó ayer citar el 9 de enero p al exvicepresidente económico Rodrigo Rato.

Demandas
Por otro lado, una magistrada de Barcelona declaró la competencia de su juzgado para investigar las demandas interpuestas en la vía civil por los accionistas que acudieron a la ampliación de capital realizada por el Banco Popular en 2016, tras desestimar la declinatoria de la entidad.
En su auto, la titular del juzgado de Primera Instancia número 35 rechaza los argumentos del banco, que alegaba falta de jurisdicción de los tribunales españoles, y condena a este al pago de las costas. El Popular explicaba en su escrito que dicha sede judicial “carece de jurisdicción internacional para enjuiciar y resolver este procedimiento” al entender que el objeto de la causa estaba vinculado a la operación de resolución acordada desde Europa y después ejecutada por el FROB.

Por su parte, el Banco Santander y los sindicatos procederán a firmar hoy el ERE que la entidad aplicará para integrar sus servicios centrales en España con los del Banco Popular, un proceso que implicará la salida de 1.100 empleados mediante prejubilaciones y bajas incentivadas.
Tras más de un mes de negociaciones, ambas partes alcanzaron un principio de acuerdo después de que el banco cántabro accediese a rebajar en un 30 por ciento el número de bajas contempladas en el proceso y mejorase las condiciones económicas del mismo.
De hecho, el Santander ofrece salidas con el 80 por ciento del salario a los empleados que superen los 50 años de edad, así como diversas primas en función de la antigüedad de cada trabajador.