Presentan una querella contra la excúpula de Abengoa por recibir indemnizaciones millonarias

Dos propietarios de bonos de Abengoa presentaron en la Audiencia Nacional la primera querella contra la antigua cúpula de la compañía, en concurso de acreedores desde el pasado 26 de noviembre, por buscar su “propio beneficio y lucro personal” al concederse indemnizaciones millonarias en lugar de “salvar a sus miles de inversores”.
La querella, presentada por el abogado Felipe Izquierdo, se dirige contra el expresidente del consejo de administración de Abengoa Felipe Benjumea y el ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega, a los que se atribuyen indiciariamente un delito de administración desleal y otro de uso de información privilegiada.
Los bonistas señalan que Benjumea y Sánchez Ortega eran “conocedores de la auténtica realidad económica-financiera” de la empresa y que buscaron su enriquecimiento “en vez de utilizar dicha información para salvar a miles de inversores que se verán atrapados en la situación concursal de la entidad y, de paso, a todos los contribuyentes españoles que deberán acudir a su rescate”. Así, poco antes de que la compañía solicitara en un juzgado mercantil de Sevilla el preconcurso oficial de acreedores, Benjumea se adjudicó una “exorbitante” indemnización por importe de 11.480.000 euros.
Sánchez Ortega, que dejó la empresa en mayo pasado, percibió, por su parte, una “contraprestación post-contractual” de 4.480.000 euros, a lo que habría que sumar 3.300.000 euros en concepto de “bonus variable” que percibirá “a cuenta de 2015 hasta su salida”. Al cabo de unos días, según la querella, fichó por el fondo de inversión Blackrock y, un mes después, la gestora tomó “fuertes posiciones bajistas” en relación con los valores de Abengoa.
Los querellantes justifican la competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos en que este tribunal es el competente en materia de “defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia”.
Además, señalan que el Estado podría llegar a perder cerca de 800 millones de euros, ya que el ministro de Economía, Luis de Guindos, señaló el viernes pasado que el “riesgo directo” de la Administración en la empresa es de 415 millones, de los que 210 corresponden a la aseguradora de crédito Cesce, 130 al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y 75 a Cofides. A esta cifra habría que sumar, según la querella, los 582 correspondientes a Bankia, “donde el Estado sigue teniendo el 64% del capital”.
Mientras, la banca acreedora de Abengoa ha decidido crear un G-7 para liderar la negociación en el preconcurso, y estará formado por los bancos principales acreedores: el Santander, Caixabank, Bankia, el Sabadell, el Popular, HSBC y Calyon.