La ley de segunda oportunidad amplía la moratoria antidesahucios

La ley de segunda oportunidad amplía la moratoria antidesahucios
GRA197 MADRID 27/2/2015 La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministros de Justicia Rafael Catalá (dch) y de Economía Luis de Guindosal inicio de la rueda de prensa del Consejo de Ministros. EFE/SERG

El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto que aumenta la protección a los colectivos más vulnerables, que quedarían así excluidos de las cláusulas suelo de los prestamos hipotecarios, y prorrogó hasta 2017 la suspensión de desahucios que vencía en mayo de este año.

El decreto ley de Mecanismo de Segunda Oportunidad y reducción de cargas financieras contempla que se eleve el limite anual de renta para acogerse al Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios, que pasaría de 19.170 a 22.365 euros en 2015.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se trata de dar una segunda oportunidad a los deudores de buena fe, un proceso que fue posible porque la situación de la economía española ha cambiado.

Entre los supuestos de especial vulnerabilidad, según explica un comunicado, estarán incluidos los mayores de 60 años.

También sube el límite del precio de compra de un inmueble, que podrá superar en un 20% el precio medio que calcula el Ministerio de Fomento, con un límite de 300.000 euros o 250.000 para la dación en pago.

Asimismo, se amplía hasta 2017 el período de suspensión de lanzamientos –desahucios– sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables, que se amplían en términos similares a los previstos para el Código de Buenas Prácticas.

Esto supone que los deudores hipotecarios con buena fe que cumplan los requisitos podrán solicitar que no se les aplique las cláusulas suelo durante dos años más.

De Guindos indicó que el código de buenas prácticas ha permitido ya que se lleven a cabo 3.500 daciones en pago, y más de 2.000 familias se acogieron al fondo social de vivienda, al mismo tiempo que se paralizaron más de 12.000 lanzamientos o desahucios.

En su último informe anual, el Defensor del Pueblo solicitaba la prórroga de esta medida, ya que, en muchos casos, la situación de vulnerabilidad de las personas acogidas a la exención de las cláusulas suelo “no ha variado, por lo que al finalizar la suspensión se van a encontrar peor que cuando se adoptó la misma”.

De hecho, indicaba el informe del Defensor del Pueblo, la deuda hipotecaria a la que no habían podido hacer frente en su momento es ahora mayor.

Además, el  25 de febrero el Tribunal Supremo acordó que la banca deberá devolver las cantidades cobradas de más por las cláusulas suelo declaradas abusivas a partir del 9 de mayo de 2013, fecha en la que anuló aquellas que no cumplieran con los criterios de transparencia.

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