El juez fija una fianza de 800 millones a Bankia y a Rato por la salida a Bolsa

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha impuesto una fianza civil solidaria de 800 millones a varios imputados del caso “Bankia”, entre ellos a la entidad y su matriz, BFA, y su expresidente Rodrigo Rato, por las presuntas irregularidades en su salida a Bolsa.
El magistrado fija esta fianza también para el que fuera mano derecha de Rato, José Manuel Fernández Norniella, el exvicepresidente de la entidad José Manuel Olivas y el ex consejero delegado Francisco Verdú, a los que da un mes de plazo para abonarla, dejando fuera al resto de exconsejeros imputados.
De esta forma, solo ha incluido a los cuatro miembros del consejo de administración, además de Rato, responsables del acuerdo adoptado en la reunión del 15 de junio de 2011, en la que se aprobaron los estados financieros que fueron incorporados al folleto informativo de la salida a Bolsa, “cuya veracidad está cuestionada con sólidos y fundados indicios”.
Lo afirma el juez acogiendo los argumentos de la prueba pericial que cuestionó las cuentas con las que Bankia debutó en Bolsa y otras pruebas practicadas, de las que, dice, se desprende la comisión de un delito de estafa a inversores tipificado en el Código Penal, castigado con hasta seis años de prisión.
En concreto, el citado artículo castiga a quienes como “administradores de hecho o de derecho de una sociedad emisora de valores falsearan la información económica financiera contenida en los folletos de emisión de cualesquiera instrumentos financieros, con el propósito de captar inversores o depositantes”. La prueba pericial elaborada por los dos técnicos cedidos por el Banco de España pone de manifiesto “con toda rotundidad que los estados financieros contenidos en el folleto de la OPS de Bankia no expresaban la imagen fiel de la entidad”, un extremo que el contrainforme de parte aportado por la entidad no contradice “en absoluto”, según subraya Andreu en el auto.
Por su parte, Bankia anunció que recurrirá la fianza solidaria impuesta por Andreu.
Dado que el auto no es firme, una vez concluya su análisis, el banco interpondrá un recurso en defensa de la propia compañía y de “sus accionistas”, entre ellos los contribuyentes, puesto que la mayor parte de su capital sigue estando en manos del Estado.