10º-19º
viernes | 19 abril | 2024
La Fiscalía Anticorrupción y el resto de acusaciones pidieron la absolución del ex director general adjunto de Novcaixagalicia (NCG) Javier García de Paredes por el supuesto cobro indebido de una prejubilación de 5,6 millones, para el que inicialmente reclamaron tres años de prisión.
La Fiscalía y NCG Banco mantuvieron su petición de tres años de cárcel para el excopresidente Julio Fernández Gayoso; el ex director general José Luis Pego; el antiguo responsable del grupo inmobiliario Gregorio Gorriarán; uno de los gestores de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada, y el abogado que participó en la elaboración de los contratos de prejubilación de los exdirectivos Ricardo Pradas.
Además, quieren que devuelvan las cantidades “ilícitamente” percibidas, que ascienden a 18,9 millones, mientras que Adicae solicitó cuatro años de cárcel para cada uno.
Según la tesis de las acusaciones, con motivo de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova y de la primera petición de ayuda al FROB de 1.162 millones, los acusados –todos procedentes de Caixanova excepto García de Paredes, que provenía de Caixa Galicia– trataron de mejorar sus contratos de alta dirección para preparar su previsible salida de la nueva entidad fusionada.
Sin embargo, creen que García de Paredes no participó en estos hechos ni antes de la fusión, ya que a él se lo ofrecieron; ni durante el proceso, puesto que trató de renunciar a una parte de los 5,6 millones que percibió como prejubilación; ni después, pues, a diferencia del resto, que se fueron pocos días antes del nacimiento de la nueva entidad, él la abandonó cuando ya estaba constituida.
El juicio a la cúpula de NCG prosigue hoy con el informe de las defensas de los acusados, que tendrán después su turno de última palabra antes de que quede visto para sentencia.
En la sesión del juicio del día 12 de junio, on exconsejero de Novacaixagalicia aseguró que varios de sus compañeros pidieron información sobre las cuantías y las condiciones de las prejubilaciones de cuatro de sus exdirectivos, pero esta se les negó para salvaguardar el “secreto profesional” por su condición de alta dirección. Javier Francisco Caínzos coincidió con otros exconsejeros en que supo por los medios de comunicación de las cifras exactas de las indemnizaciones, pues en ningún consejo se habló “del importe de las retribuciones ni de las condiciones”.
Sin embargo, no insistió en preguntar y votó a favor porque confiaba y “había informes favorables del Banco de España”.
Mientras, la exconsejera Mar Barcón dijo que dimitió el 4 de octubre de 2011 al conocer por la prensa las cuantías, a pesar de que “siempre se dijo que los contratos eran legales y que los conocía el Banco de España”, y que “no eran cantidades fuera de las normales para todo el personal”, sino “proporcionales al resto de la plantilla”. Considera que se las ocultaron porque como consejera no tuvo conocimiento de las cantidades, que no le parecieron “ni proporcionales, ni adecuadas, ni lógicas” ni tampoco correctas, “dada la situación de la entidad”.
