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sábado | 27 abril | 2024
El exdirector general de Supervisión del Banco de España Jerónimo Martínez Tello afirmó ayer ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que la petición que hizo el presidente de Bankia, José Ignacio Gorigolzarri, en junio de 2012, de 19.000 millones de euros en ayudas públicas para el rescate de la entidad, no era “confortable” ya que se consideraba “excesiva”, según fuentes presentes en la declaración.
Así lo declaró Martínez Tello ante el juez durante su comparecencia como testigo en la causa que investiga la salida a Bolsa de Bankia en 2011, en la que explicó que el Banco de España disponía de unos cálculos “cifrados” en unos 16.000 millones de euros y no en los 19.000 que pidió Goirigolzarri para el plan de saneamiento y necesidades de capital para garantizar la viabilidad de la entidad financiera.
“El Banco de España no se sentía confortable con la petición de 19.000 millones de euros que hizo Goirigolzarri”, explicó el abogado de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), Andrés Herzog, en declaraciones a los medios de comunicación. Según constató, el organismo supervisor entendía que esta petición “era excesiva”.
Asimismo, Martínez Tello, que abandonó la dirección del área de supervisión en 2013, aseguró que la solicitud de Goirigolzarri no estaba “sustentada en ningún tipo de informe” y que si finalmente se consintió fue “de alguna manera para no generar alarma”, concretó Herzog. En concreto, la consultora internacional Oliver Wyman cifró en septiembre de 2012 las necesidades de capital de Bankia-BFA en 24.743 millones.
El juez de la Audiencia Nacional dio comienzo ayer a una nueva ronda de testificales. Durante la jornada, ha declarado además el director general de Estabilidad Financiera y Resolución del Banco de España, Julio Durán.
Según destacaron fuentes jurídicas, el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón centró gran parte del interrogatorio a los dos testigos en la existencia de provisiones genéricas que servirían para compensar las cuentas.
Durante la declaración prestada ante el magistrado el mes de junio, el socio auditor de Deloitte, Francisco Celma, señaló que había provisiones suficientes para hacer frente a eventuales contingencias.
Las provisiones ascendían en el momento a 3.000 millones de euros, precisó entonces, aportando documentación para apoyar esta tesis.
Ayer, los dos testigos confirmaron esta versión y han agregado que los criterios contables aplicados por la entidad respondían a las normas del organismo supervisor, precisaron fuentes jurídicas.
