Los escándalos en Pescanova y Gowex ponen en duda la labor de las auditoras

El caso “Gowex” guarda similitudes con otros altercados en el mundo empresarial que, en muchas ocasiones, se han saldado con la quiebra de la compañía o con millonarias multas para la firma auditora.
El escándalo de la empresa Gowex ha saltado a la palestra estas últimas semanas después de que un informe de Gotham City Research revelara que la operadora de wifi –concretamente, su presidente y consejero delegado, Jenaro García– falseara sus cuentas durante los últimos cuatro años.
La incertidumbre durante la semana pasada fue tal que el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) suspendió la cotización de la compañía después de que las acciones se desplomaran un 60 por ciento. A la espera del informe que Gowex iba a presentar para defenderse, el presidente de la compañía confirmó la falsedad documental, asumió la culpa y presentó su dimisión. Poco después, la empresa solicitó un concurso de acreedores.
Sin embargo, lo que más llama la atención de este caso es que la empresa auditora de la compañía, M&A Auditores, validara las cuentas del que, hasta el momento, era el mejor del MAB, según publicó “El Economista”.
Además, hay que destacar que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (Icac), dependiente del Ministerio de Economía, ya había sancionado e inhabilitado en el año 2010 a Miguel Ángel Gutiérrez, actual socio de M&A Auditores.
Por otro lado, este escándalo también ha salpicado a otra empresa auditora: EY, su asesor registrado en el MAB. Mientras que desde esta compañía se defienden y justifican que a ellos no les correspondía revisar ni auditar las cuentas, la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, explicó que la misión de EY era certificar las cuentas de Gowex.
No es la primera vez que la actuación (o la no actuación) de una firma auditora cambia el futuro de una compañía.
En febrero de 2013 comenzó el principio de la crisis para la pesquera gallega Pescanova. En el momento que anunció a la CNMV que no presentaría sus cuentas correspondientes al ejercicio de 2012 antes del plazo marcado por ley, una nube negra se situó encima de la compañía y se convirtió en una gran tormenta para Manuel Fernández de Sousa Faro, el que era presidente de la firma por aquel entonces.
Ya en el mes de julio de ese mismo año, con la compañía en suspensión de pagos desde abril, KPMG presentó un demoledor informe que reveló un serie de prácticas contables irregulares destinadas a ocultar su deuda –que ascendía a 3.281 millones, más de tres veces superior a los 1.533 que la empresa reconoció en septiembre de 2012–, un “agujero” patrimonial de 927 millones, y a inflar sus ganancias.
Posteriormente, la Audiencia Nacional comenzó a investigar a BDO, la empresa que auditaba y aprobaba las cuentas de la pesquera desde el año 2002.
Tras una querella impuesta por uno de los accionistas de Pescanova, el fondo de inversión Cartesian, el juez Pablo Ruz imputó a BDO por un presunto delito de falseamiento de información económica y financiera.
Por su parte, la firma reconoció a Ruz la existencia de una contabilidad paralela de Pescanova, aunque en todo momento defendió que nunca tuvo acceso a ella. “Existían dos Pescanovas; la oficial, que es lo que nos daban para auditar, y la oculta, que recogía una parte significativa de las transacciones”, relató Santiago Sañé, socio de la auditora, ante el magistrado.
La firma argumentó que también se consideraba “engañada” por la antigua dirección de la compañía. Sin embargo, un año después, el Icac abrió un expediente sancionador a BDO y a Sañé por un posible incumplimiento de las técnicas de auditoría a la hora de auscultar las cuentas de la pesquera. n