La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) impuso multas por un importe total de 88,2 millones de euros a nueve empresas y dos asociaciones que operan en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca en España.
Entre ellas, la CNMC consideró que la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (Aelga) y la Central Lechera de Galicia (Celega), participaron en conductas que infringen la legislación de competencia. En estos dos casos, las sanciones ascendieron a 100.000 euros y 53.310 euros, respectivamente.
Las multas más elevadas corresponden a Danone (23,2 millones); Corporación Alimentaria Peñasanta (21,8 millones); grupo Lactalis Iberia (11,6 millones); Nestlé España (10,6 millones); Puleva Food (con 10,2 millones) y Calidad Pascual (antes grupo Leche Pascual), con 8,5 millones, entre otras.
Este expediente tuvo su inicio a raíz de un estudio sobre el sector lácteo remitido por el Servicio para la Defensa de la Competencia de Castilla y León, en el que se manifestaba la posible existencia de conductas restrictivas en el mercado de leche cruda, y también de una denuncia formulada por Unións Agrarias contra las empresas transformadoras de leche. También habrían participado en esas conductas las entidades Industrias Lácteas Asturianas, Leche Río, Feiraco, Leche Celta y Forlactaria, si bien su infracción habría prescrito.
Las prácticas anticompetitivas llevadas a cabo por los infractores consistieron en intercambiar información, a nivel nacional y regional, sobre precios de compra de leche de vaca cruda, volúmenes de compra de ganaderos y excedentes de leche.
“En determinados momentos, se habrían materializado en acuerdos concretos para coordinar los precios de compra de leche y para la cesión de ganaderos entre industriales”, según la CNMC.
Por su parte, Unións Agrarias ve un “sesgo político” en la sanción de la CNMC, puesto que “no se toca a la distribución”. El castigo, según dijo Unións Agrarias, “una vez más se ha centrado solo en la industria”. Arremetió contra el hecho de que los ganaderos sigan sometidos a una especie de “lotería”, en un panorama en el que le “birlan” dinero que debería corresponderles, algo agravado por la distribución, con “prácticas ilegales”.