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jueves | 25 abril | 2024
El Gobierno prevé ahorrar 1.023 millones de euros en 2012, 2013 y 2014 con la rebaja de la retribución para los empleados públicos en situación de incapacidad temporal por contingencias comunes, que hasta ahora cobraban su salario íntegro durante los primeros 90 días de baja.
Así consta en el Plan Presupuestario 2013-2014 que el Gobierno remitió a la Comisión Europea, que detalla que con esa medida se ahorrarán 183 millones este año, 426 millones en 2013 y 414 millones en 2014.
El objetivo de la medida es reducir el absentismo en las ausencias reiteradas de corta duración
El plan también avanza la intención del Gobierno de mantener congelada la oferta pública de empleo en los dos próximos ejercicios, lo que supondrá un ahorro de 1.800 millones en 2013 y de 3.500 en 2014.
El documento no concreta si se mantendrá como única excepción a dicha congelación la reposición del 10 por ciento de funcionarios docentes, plazas de hospitales y centros del Sistema Nacional de Salud, Fuerzas Armadas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y personal dedicado a la lucha contra el fraude fiscal y laboral.
Respecto a la disminución de la retribución de los funcionarios de baja por contingencias comunes (excluidos los accidentes laborales y las enfermedades profesionales), el Gobierno explica que el objetivo es reducir el absentismo en los casos de bajas reiteradas de corta duración.
No obstante, también cuantifica en más de 1.000 millones el ahorro que en tres años supondrá el recorte del complemento que hasta ahora pagaba al funcionario de baja para que, sumado a la percepción de la Seguridad Social, alcanzara el 100% de su salario.
Con los cambios introducidos en el decreto ley del 13 de julio los funcionarios no podrán recibir un complemento retributivo que supere el 50% de su salario durante los tres primeros días, mientras que desde el cuarto día y hasta el vigésimo, el complemento no podrá superar el 75% de la retribución.
Sin embargo, el decreto solo establece los máximos y deja a cada administración pública la decisión final sobre el porcentaje a pagar.
Por otra parte, el plan también cuantifica el ahorro derivado de la supresión de tres de los seis días de libre disposición con los que contaban los funcionarios, los conocidos como “moscosos”, que asciende a 534 millones en 2013 y a 519 millones en 2014.
Asimismo, con la eliminación de los días adicionales de libre disposición y vacaciones concedidos en función de la antigüedad las administraciones públicas dejarán de gastar 856 millones en 2013 y 832 millones en 2014.
También está la limitación del tiempo retribuido para funciones sindicales, con la que el Ejecutivo ajustará 27 millones este año, 62 millones en 2013 y 61 millones en 2014. n
