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sábado | 20 abril | 2024
El Gobierno analiza la posibilidad de permitir la constitución de empresas aportando únicamente un euro de capital social, frente a los 3.000 euros que se necesitan actualmente para fundar una sociedad limitada, que es la forma jurídica a la que suelen recurrir las pequeñas y medianas empresas.
El Ejecutivo baraja que en el plazo de seis meses a un año, la nueva sociedad tenga que haber llegado a esos 3.000 euros de capital mínimo, ya sea mediante aportaciones materiales o económicas.
Esta medida se enmarca dentro del proyecto de ley de emprendedores, en el que están trabajando diversos Ministerios (Empleo, Industria, Economía y Hacienda).
Con esta medida, adelantada ayer por el diario económico “Cinco días”, se agilizaría la puesta en marcha de proyectos empresariales, materia en la que España no sale bien parada en comparación con otros países de la Unión Europea, donde emprender es más sencillo.
El proyecto de ley de emprendedores contendrá muchas otras medidas para que sea más fácil poner un negocio, algunas de ellas ya anunciadas por el Gobierno.
trámites
Así, se simplificarán los trámites administrativos, como las licencias, se mejorará la financiación y se pondrá en marcha la figura del autónomo de responsabilidad limitada, por la que será inembargable la vivienda habitual y los materiales necesarios para el ejercicio de la actividad.
La futura sociedad tendría que obtener un fondo de 3.000 euros en el plazo máximo de un año
Lo que discute ahora el Gobierno es la cuantía de la deuda a partir de la cual no se podrá embargar la vivienda y otros bienes materiales necesarios para el emprendedor. Las organizaciones de autónomos han planteado 6.000 euros de límite, pero aún está por ver si el Ejecutivo aceptará esta cifra.
Las organizaciones de autónomos han pedido además que haya una cantidad mínima vital inembargable, similar al salario mínimo interprofesional, en aquellos casos en los que se estén embargando todos los ingresos de un autónomo para saldar una deuda.
Sería el caso, por ejemplo, de un autónomo que presta servicios a dos empresas y que, por sus deudas tributarias, tiene embargados sus ingresos por orden de Hacienda. Lo que quieren las organizaciones de autónomos es que haya una cantidad que no se pueda embargar para que ese emprendedor tenga un mínimo que le permita vivir.
Además, tal y como se anunció hace varios meses, se quiere ayudar a aquellos emprendedores que no hayan tenido éxito en su primera iniciativa empresarial para que puedan liberarse de las cargas y tener así una segunda oportunidad.
Para ayudar a ello, el Gobierno tiene la intención de establecer un nuevo procedimiento concursal para los emprendedores, implantando la figura de un árbitro o mediador antes de que los casos lleguen al juzgado.
La idea es que mediante este arbitraje se pueda conseguir un acuerdo sobre las cantidades adeudadas, con posibles paralizaciones o aplazamientos de procesos ejecutivos (por ejemplo, exonerando de recargos e intereses en un período de tiempo determinado).
La nueva ley de emprendedores también recogerá la posibilidad de que pymes y autónomos que facturen menos de dos millones anuales puedan optar por el IVA de caja, del tal manera que no tengan que pagar este impuesto hasta que hayan cobrado las facturas, tal y como adelantó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aunque precisó que la medida no entrará en vigor hasta el 1 de enero del año que viene.
